Los líderes del Congreso de EE.UU. avanzaron hoy en la conformación del bipartidista Grupo de Trabajo para Puerto Rico, que dará recomendaciones sobre que pasos tomar para crear condiciones para el crecimiento económico en la isla.

El líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, nombró hoy a los senadores conservadores Marco Rubio y a Orrin Hatch integrantes de ese equipo, autorizado como parte de la ley conocida como ‘Promesa’, por la que se establece un camino para la reestructuración de la deuda de Puerto Rico.

‘La crisis de la deuda de Puerto Rico es muy grave y está claro que no solo tendrán que recortar para salir de ese caos, van a tener que crecer para salir de ello’, dijo Rubio en un comunicado.

‘El Congreso tiene la responsabilidad de crear las condiciones que estimulen la creación de empleo, la reducción de la pobreza e impulsar la inversión en la isla’, agregó.

Por su parte, la líder de la minoría demócrata en la Cámara baja, Nancy Pelosi, nombró este jueves a la congresista por Nueva York Nydia Velázquez y al comisionado de Puerto Rico en Washington, Pedro Pierluisi, para formar parte del grupo.

Asimismo, el líder de la minoría demócrata en la Cámara alta, Harry Reid, nombró al senador por Nueva Jersey, Bob Menéndez, y al senador por Florida Bill Nelson.

Con los nombramientos de Rubio y Hatch, solo resta que el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, indique quiénes son los republicanos de la Cámara baja que completarán el grupo de ocho legisladores para esta misión, una decisión que se espera para el día de hoy.

Puerto Rico, que arrastra una deuda de más de 70,000 millones de dólares, es territorio estadounidense desde 1898 y se define como Estado Libre Asociado a ese país, con Constitución propia y con un importante grado de autonomía, aunque EE.UU. se reserva apartados como defensa, moneda, inmigración y aduanas, entre otros.

Sin embargo, Puerto Rico no puede acogerse a la Ley federal de Quiebras estadounidense, ya que dicha norma no considera a la isla como un estado más de la nación norteamericana, y la Justicia federal ha visto inconstitucional una norma que el Gobierno local aprobó para establecer su propio mecanismo de bancarrota.