El rompimiento del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) con miras a que una nueva entidad financiera se encargue de ser ‘puente’ para las obligaciones de la atribulada corporación pública es una de las movidas que llevó a un grupo de inversionistas notorios a demandar al Gobierno de Puerto Rico el jueves pasado, mismo día en que se convirtió en ley el paquete de rescate federal conocido como ‘PROMESA’ y que da paso a la reestructuración de deuda pública.

La solicitud del grupo al juez federal Francisco A. Besosa es que emita un interdicto contra la aplicación de la Ley de Moratoria que la Administración García Padilla introdujo sorpresivamente este año y que ya ha usado para declarar en emergencia al BGF y otras entidades públicas con el fin de detener los pagos de sus obligaciones.

No se trata de la primera demanda federal que solicita una determinación en contra de la Ley de Moratoria pero es la primera que ocurre a título individual de parte de bonistas y entidades afiliadas.

El grupo representa a los acreedores de sobre $100 millones en bonos del BGF e indican que el gobierno ha incurrido en la práctica de negociar con algunos condiciones favorables y a otros dejarlos fuera. Añaden que la ley federal de rescate no impide la acción legal que presentaron a través del licenciado Etienne Totti. Atacan también las disposiciones de la Ley de Moratoria sobre la activación de un ‘banco puente’ para manejar los activos que queden del BGF con criterios que se dice son arbitrarios.

Los demandantes incluyen a Dionisio Trigo González y su esposa Carmen Regina Suárez, inversionistas del área de restaurantes y parte del grupo que adquirió los activos del periódico El Vocero en el Tribunal de Quiebras; Benigno Trigo González y su esposa Teresa Zapata Bird; Trigo Corp.; Guillermo L. Martínez, contratista gubernamental y miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País, y su esposa Bertita Martínez; Gustavo Hermida Cela, de CIC Construction, y su esposa Gloria Colón Suárez; Ramón González Cordero, de Empire Gas, y su esposa Ketty Simounet; el Dr. Jorge Hess y su esposa Regina Trigo; Trimar Investments Corp.; San Rafael Holdings, LLC; Ceci Montilla Rojo, quien había llevado un pleito por pérdida de valor de inversión contra el Banco Popular; 322 De Diego Holdings, LLC; José A. Valdés Muzaurieta, de VRM Enterprises y de Bonistas del Patio, y su esposa Adrienne Muentes Ortiz; Valmu Trust; 2015, LLC; Eduardo Artau Gómez, fundador de Metro Pavía Health System, y su esposa Carmen Feliciano Vargas; First Medical Health Plan, Inc.; el ingeniero y contratista gubernamental Adriel Longo Ravelo; Ernesto A Smithy su esposa Saress E. Smith; el desarrollador Federico M. Stubbe Arzuaga; Federico Stubbe González; Stugo, LLC; FSA Investments, LLC; Northshore Management, Corp.; 419 Ponce de León, Inc., una entidad asociada a Empresas Fonalledas; y los herederos de Rosario Ferré Ramírez de Arellano (BenignoTrigo Ferré, Rosario Lorenza Trigo Ferré, y Luis Alfredo Trigo Ferré).

La demanda no desglosa cuál es el tipo de acreencia de cada demandante ni a cuánto asciende individualmente.

Los demandados son el gobernador Alejandro García Padilla, el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, el BGF, su presidenta Melba Acosta, la nueva Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, y su director, Víctor Suárez.

Demanda de inversionistas por Ley de Moratoria – NotiCel_19838