A menos de 24 horas de que el presidente Barack Obama convirtiera en ley el rescate congresional para Puerto Rico llamado ‘PROMESA’, y que incluye la imposición de una Junta de Control Fiscal, el estatuto llegó a los tribunales en medio de los pleitos que están activos contra el Gobierno de Puerto Rico por la Ley de Moratoria y por los impagos de deuda.

De los varios pleitos radicados contra dependencias gubernamentales por parte de acreedores y aseguradoras de bonos, dos sometieron la nueva ley a la consideración del tribunal.

En el primer caso, ante el juez Pedro A. Delgado Hernández, es el propio gobierno el que corrió para pedir que se use ‘PROMESA’ para suspender automáticamente el pleito entre Ambac Assurance Corporation y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). En esa acción se alega que es ilegal la transferencia que ACT hizo de los fondos que recibió cuando renegoció el contrato de los peajes porque ese dinero, dice Ambac, debía ir a cubrir la deuda de bonos de la ACTen vez de a otras dependencias para otros usos, como en efecto sucedió.

En una moción ‘urgente’, los abogados de la ACT le piden al juez que aplique las disposiciones de ‘PROMESA’ (acrónimo para el Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act) de paralización de pleitos que estarían vigentes hasta por lo menos febrero de 2017, de forma tal que el pleito, que estaba en etapa de requerimiento de información a la ACT, quede suspendido.

En el otro pleito, la movida fue al revés, fueron los acreedores los que corrieron al tribunal para pedirle al juez Francisco A. Besosa que declare que la suspensión de pleitos que decreta la nueva ley federal no les aplica a ellos ni a sus reclamaciones. Se trata del grupo de acreedores del BGF encabezados por Brigade Leveraged Capital Structures Fund que están negociando con esa dependencia pero que sostienen que la Ley de Moratoria de la Administración García Padilla permite la dilapidación de fondos y el fraude a acreedores al viabilizar que se saque dinero del BGF para otras funciones y también que se desvíe dinero que se supone llegara al BGF.

Estos acreedores sostienen que su pleito no debe suspenderse porque están buscando lo mismo que busca ‘PROMESA’, una vía para los acreedores negocien de buena fe con el Gobierno de Puerto Rico sus pagos de bonos.

La nueva ley federal dice que, excepto lo relacionado al trámite de citaciones emitidas por la Junta de Control Fiscal, las reclamaciones legales sobre la aplicación de dicha ley deben tramitarse ante el Tribunal Federal.