El gobernador Alejandro García Padilla decretó hoy, jueves, mediante órdenes ejecutivas la suspensión del pago de las obligaciones generales garantizadas por el Estado Libre Asociado y las obligaciones de otras entidades públicas, conforme con la Ley de Moratoria, Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico.

Entre las medidas tomadas hoy, se detiene la transferencia del impuesto al consumo del cigarrillo a la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), acorde con el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, y se autoriza la suspensión de los pagos por concepto de arrendamiento de todas las entidades gubernamentales declaradas en estado de emergencia a la Autoridad de Edificios Públicos.

Por otro lado, cualquier obligación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para incluir una consignación en el presupuesto presentado a la Asamblea Legislativa para el pago de los bonos emitidos por la Corporación para el Financiamiento Público de Puerto Rico queda suspendida.

Los diferentes bonos que vencen con la entrada del mes de julio suman cerca de 2,000 millones de dólares, de los que unos 700 son Obligaciones Generales (GO’s).

Este tipo de bonos están garantizados por la Constitución de Puerto Rico, en la que se asegura que su cobro tiene prioridad ante cualquier otro gasto público en el que haya de incurrir la Administración puertorriqueña.

Entretanto, solo falta la firma del presidente de EE.UU., Barack Obama -que se espera tenga lugar en las próximas horas-, del proyecto ‘PROMESA’, que permitiríaa la Isla impulsar un proceso de reestructuración de la deuda pública, que asciende a unos 70,000 millones de dólares, y decretar una moratoria temporal en el pago de la deuda.

Sin embargo, al mismo tiempo exige el sometimiento del Gobierno a una Junta federal de Control Fiscal, el compromiso de aprobar presupuestos equilibrados y realistas y financiar el fondo de pensiones públicas, que acumula un déficit de 40,000 millones de dólares.

La imposición de esa Junta ha generado ya además una crisis política, porque supone la constatación de la falta de autonomía del Gobierno de Puerto Rico, que interpreta este requisito como un gesto colonial contrario al presupuesto de autogobierno incluido en el estatus de Estado Libre Asociado cuando este se diseñó hace ya seis décadas.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, había manifestado la intención de pagar al menos parte de los intereses, pero no el principal (la parte correspondiente a la cuantía que se tomó prestada) de las OG’s.

En ese sentido, la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de Puerto Rico, Melba Acosta, explicó a Efe que solo en intereses de las Obligaciones Generales se tendrían que pagar unos 350 millones de dólares.

Sin embargo, la máxima responsable de la política financiera del Gobierno de Puerto Rico dijo desconocer cuántos de los 2,000 millones de dólares que vencen esta media noche son intereses y cuántos principal.

Zaragoza apuntó que la Hacienda de Puerto Rico dispone de cerca de 140 millones de dólares de gracias a la activación a comienzos de año de una cláusula de retención de ingreso de las corporaciones públicas para pagar parte de la deuda garantizada (lo que se conoce como ‘clawback’).

Concretamente, la activación de esa cláusula permitió desviar 280 millones de dólares, pero ‘la mitad de ese dinero se quedó en el BGF’, brazo financiero del Gobierno, y el resto ‘pudimos moverlo a la banca privada’ y ahora está disponible.

Hasta el momento, el Gobierno de Puerto Rico ha incurrido en tres impagos de deuda: En agosto de 2015 no pagó 57 millones de dólares correspondiente a los bonos de la Corporación de Financiamiento Público, en enero pasado fueron 37 millones de la Autoridad del Financiamiento de la Infraestructura (AFI), y en mayo 400 millones del BGF.

Orden Ejecutiva 30 – 2016_19785