A unos dos días de la opinión mediante la cual el Tribunal Supremo federal invalidó la llamada ‘quiebra criolla’, una aseguradora de bonos del gobierno pidió al Tribunal Federal que, por los mismos argumentos, se lleve por el medio la Ley de Moratoria y la invalide.

El reclamo se registró el miércoles por parte de National Public Finance Guarantee Corporation, la aseguradora de unos $3,800 millones en bonos de distintas entidades del Gobierno de Puerto Rico.

El pleito se une a dos separados que todavía están vigentes en los que otros demandantes buscan, respectivamente, evitar el desvío de fondos del Banco Gubernamental de Fomento como fraude a sus acreedores, y otro pleito para detener el desvío de fondos por la renovación de contrato de peajes con Metropistas.

En el caso radicado el miércoles, uno de los argumentos es que la Ley de Moratoria es inválida bajo la Constitución de los Estados Unidos porque, en la medida en que provee para la reestructuración de duda, está invadiendo el terreno de la Ley de Quiebra federal, lo cual fue el mismo argumento que el Supremo federal usó el lunes para invalidar la ley de ‘quiebra criolla’. El Supremo federal llegó a esta conclusión al determinar que el texto de la Ley de Quiebras no le permite a la Isla ejecutar sus propias leyes de reestructuración de deuda.

Además, la demanda indica que las acciones tomadas bajo la Ley de Moratoria constituyen una expropiación indebida de la propiedad de la aseguradora ya que los impagos ejecutados bajo ese esquema constituyen dinero de la aseguradora que se le está quitando para otros fines. Los demandantes enfocan también en que dicha Ley permite al Gobernador suspender pleitos y reordenar prioridades de pago, lo que entienden afectan sus acreencias.

Como funcionan los seguros financieros, la aseguradora responde a los que compraron los bonos aunque el vendedor de bonos no haga los pagos.

La deuda asegurada por los demandantes incluye COFINA (pagada con el Impuesto sobre las Ventas y Uso, $684 millones), la Autoridad de Carreteras y Transportación ($715 millones), bonos AFICA ($66 millones) y bonos de obligación general ($985 millones).

En una nota al calce, la aseguradora también señala que es impropio que a la Universidad de Puerto Rico se le extienda la protección de la Ley de Moratoria habida cuenta la supuesta autonomía e independencia con la que se supone opere.

El pleito incluye al gobernador Alejandro García Padilla, el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, y el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz. En los argumentos de los demandantes se anticipa el efecto que va a tener en los intereses de los demandantes el que en el presupuesto propuesto por el Ejecutivo no hay suficiente dinero separado para el pago de la deuda.

Demanda contra Ley de Moratoria – NotiCel_19574