Una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos el mismo día en que la Cámara de Representantes federal decidió aprobar un proyecto que permite la imposición de una Junta de Control Fiscal abrió una caja de pandora política en Puerto Rico difícil de contener.

El jueves, el proyecto que pasó al Senado con poca oposición conocido como ‘PROMESA’ , provee a Puerto Rico con el tan esperado mecanismo para reestructurar la deuda y detener las demandas de los acreedores durante ocho meses. Pero para muchos, el precio es demasiado caro porque la Junta -cuyos miembros serán nombrados por el Presidente estadounidense- tendrá amplias facultades, amenazando la autonomía del gobierno del Estado Libre Asociado. La prisa porque la medida sea firmada se debe a que el 1 de julio vence un pago de $780 millones en bonos de obligaciones generales protegidos por la Constitución del ELA.

De otro lado, una votación de seis a dos del Tribunal Supremo federal confirmó la determinación de que el ELA no tiene soberanía para fines de la cláusula constitucional federal contra la doble exposición en casos criminales. El 20 de marzo de 2015, el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) emitió una opinión en el caso de Pueblo v. Sánchez Valle relacionada a la aplicación de la doctrina legal de doble exposición como defensa de un acusado ante los tribunales de Puerto Rico, en un proceso de naturaleza criminal donde este ya había sido acusado, procesado y convicto en un tribunal federal por el mismo delito con los mismos elementos constitutivos del crimen.

Para el abogado constitucionalista, Carlos Ramos González, el lenguaje en la opinión del Supremo federal ‘confirma lo que sabemos desde hace tiempo, que los poderes que Puerto Rico tiene desde 1950, son poderes en esencia delegados y autorizados por el Congreso que mantiene su poder plenario. A Puerto Rico se le prestó un poder de acusar personas pero cuando lo hace lo hace a nombre de Estados Unidos’.

‘Allí hay un lenguaje que dice que la relación fue única, que le va a gustar a algunos que defienden el colonialismo, pero en lo esencial la opinión reafirma el amplio poder del Congreso. Por lo menos cuando se trata de haberle prestado a Puerto Rico el poder de encausar delitos pues no fue un poder como el que tienen los estados, es un poder mucho más limitado’, abundó.

No obstante, el licenciado Ramos González, recalcó que la decisión fue, ‘una gran victoria para los derechos de los acusados y los derechos humanos en Puerto Rico porque de lo que se trata es que si una persona ya ha sido acusada por la comisión de un delito en la esfera federal, ya no puede ser expuesta en la estatal. Puerto Rico tiene menos poder que un estado, incluso que una tribu india. Cuando acusa, quien lo hace es el Gobierno de los Estados Unidos porque Puerto Rico no tiene soberanía para acusar. Por lo tanto, un acusado puede exitosamente, contrario a como sucede en muchos estados, evitar ser expuesto por los mismos delitos y los mismos hechos dos veces. Todo el mundo quiere darle las implicaciones políticas y constitucionales, pero se están olvidando de lo esencial, que quien fue allá arriba fue un acusado’.

Ratificado el poder plenario del Congreso sobre Puerto Rico, muchos cuestionan dónde queda entonces la responsabilidad de la Legislatura federal sobre la deuda pública del ELA.

Ramos González se expresó seguro de lo que diría el Legislativo de EE.UU. sobre eso: ‘Ellos tienen el poder plenario y eso les da la flexibilidad de decir que en ese caso Puerto Rico tiene todo el poder como una excepción. Porque el poder plenario nada más se aplica en lo bueno, no va a ser para asumir responsabilidades’.

Con la aprobación de la medida que creará la Junta de Control Fiscal, el abogado señala que, ‘en el 1950 al 1953 soltaron cadena con el ELA y ahora con ‘PROMESA’ recogieron cadena. Pero en el fondo seguimos encadenados porque ellos tienen la soberanía de Puerto Rico encadenada y no la han soltado nada más cuando quiere’.

‘Ahora este país va a estar gobernado por una Junta, veremos a ver quiénes son los miembros de esa Junta. Dependiendo de las decisiones que vaya tomando, el país tendrá que ir reaccionando’, advirtió.