Para el gobernador Alejandro García Padilla la determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Pueblo v. Sánchez Valle, ‘subraya que vivimos bajo un estado de derecho ‘distintivo y de hecho excepcional’ que emana ‘de una Constitución ratificada por el voto’ directo del pueblo’. Opinó que la decisión tambien destaca que ‘ese desarrollo constitucional fue de gran significado y convirtió a Puerto Rico en soberano’.

El Primer Ejecutivo destacó igualmente que la decisión aplica únicamente al ámbito de doble exposición en casos criminales, ‘pero no menoscaba los poderes de nuestra autonomía actual. No obstante, desde el punto de vista técnico-legal, concurro con la opinión disidente del Juez Breyer y la Jueza Sotomayor’.

El Gobernador también admitió que ‘la opinión es contradictoria’ porque mientras reconoce el espacio de autogobierno de Puerto Rico disfruta, ‘ata la fuente de ese gobierno propio, en casos específicos, a la soberanía del Congreso, no a la soberanía del pueblo de Puerto Rico. Esta postura tiene que aclararse, ya que en pleno Siglo 21, ni para Estados Unidos, ni para la comunidad internacional, ni para Puerto Rico, es aceptable que la soberanía política de un pueblo dependa del parecer de la legislatura de otro, así sea que solo se trate del enjuiciamiento criminal de sus ciudadanos’.

García Padilla opinó que el resultado de la opinión mayoritaria del Supremo federal está equivocado por lo que, ‘estamos obligados a evaluar las consecuencias políticas. Es nuestro deber defender ante la comunidad internacional, ante el pueblo de Estados Unidos y, sobre todo, ante el pueblo de Puerto Rico, nuestras facultades de autogobierno. Eso haremos’.

El Gobernador anticipó que se solicitó una deposición ante el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas el próximo 20 de junio.

Entretanto, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Puerto Rico, a través de la jefa de Fiscalía, Rosa Emilia Rodriguez Vélez, emitió una declaración apuntando a su excelente relación con el Departamento de Justicia de Puerto Rico por lo que, ‘Nuestra oficina continuará trabajando junto con el Departamento de Justicia de Puerto Rico para determinar, siempre que haya una competencia concurrente, qué casos se deben cargar en un tribunal federal y qué casos se deben cargar en un tribunal estatal. Como siempre, el objetivo de los procesamientos penales estatales y federales será que se haga justicia para Puerto Rico’.