WASHINGTON – Con muy poco debate en contra, la Cámara de Representantes aprobó de forma abrumadora hoy, jueves, el proyecto PROMESA que busca permitir que Puerto Rico reestructure su deuda pública de $73 mil millones bajo la ‘supervisión’ de una Junta de Control Fiscal, cuyos proponentes dicen impondrá disciplina fiscal.

Con un voto bipartita de 297 a 127, y con pocas enmiendas, la Cámara dio el mensaje claro que la propuesta Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) es la mejor manera y única alternativa en estos momentos para ayudar a resolver la crisis fiscal de la Isla.

‘Sabemos que obliga a Puerto Rico a tragarse una medicina amarga’, expresó el representante Steny Hoyer de Maryland, segunda en el liderazgo de la minoría demócrata cameral, al referirse a los poderes de la Junta y la falta de otras medidas de desarrollo económico no incluidas en la medida.

‘Pero este proyecto, producto de mucha negociación, le permite a Puerto Rico a reestructurar su deuda y evitar un desastre económico’, dijo Hoyer. ‘No podemos arriesgarnos a continuar con la inacción del Congreso, que tuviera que haber actuado hace mucho tiempo. Pero aún estamos a tiempo para hacer lo correcto’, insistió.

La votación se realizó en medio de un cabildeo intenso por parte de acreedores y conservadores que se opusieron a que se pueda reestructurar la deuda, frente a funcionarios electos, sindicatos, y muchos activistas de Puerto Rico quienes a su vez rechazan la implantación de la Junta que tendría la última palabra sobre un plan fiscal y los presupuestos anuales de la Isla. De no estar de acuerdo con los presupuestos y el plan elaborado por el gobernador de Puerto Rico, la Junta de siete miembros puede y debe, según la medida aprobada, elaborar presupuestos por su cuenta que el gobierno local tendría que implementar.

Mientras, la representante puertorriqueña Nydia Velázquez de Nueva York afirmó que votar por ‘PROMESA’ sería un voto difícil, pero muy necesario para estabilizar la economía y evitar un sufrimiento mayor en la Isla. Velázquez y los otros tres congresistas demócratas de origen boricua se reunieron el miércoles con el presidente Barack Obama, y el secretario del Tesoro, Jacob Lew, quienes instaron al Congreso a aprobar la medida.

Le afirmó a los congresistas que mucha de la culpa de la debacle fiscal cae sobre funcionarios en San Juan, pero las políticas establecidas en Washington y las acciones en Wall Street han contribuido bastante a la crisis.

‘Algunos sugieren que si nos oponemos a este proyecto, que una tercerca opción aparecerá ante nosotros. Esas son tonterías’, opinó Velázquez.

‘La realidad cruel a que nos enfrentamos ahora es que, aparte de ‘PROMESA’, simplemente no queda ninguna opción política factible’, advirtió Velázquez. ‘Esto no quiere decir que es un proyecto perfecto. Está muy lejos de serlo’, admitió.

La Junta tendría la autoridad para aprobar contratos del gobierno y vetar leyes aprobadas por la Legislatura que confligen con el plan fiscal o realidades presupuestarias. El organismo nombrado por el Presidente Obama autorizará mediante cinco de sus siete miembros, la reestructuración forzada por la vía judicial si no se llegan a acuerdos voluntarios entre los acreedores y el gobierno y sus entidades.

El establecimiento de la Junta parece haber sido lo que más aseguró el apoyo de los republicanos que votaron por ‘PROMESA’, por lo que el presidente de la Cámara, Paul Ryan, tomó un turno para defender que, ‘Esta legislación va a asegurar que el gobierno de Puerto Rico cuadre su presupuesto. Va a asegurar que implementen reformas que harán que la economía puertorriqueña crezca’.

‘Ahora si no aprobamos esta medida,’ advirtió, ‘entonces lo más probable es que habrá un rescate financiero (con dinero del contribuyente) porque no va a haber otra alternativa’.

Pero la oposición a ‘PROMESA’, tan prevaleciente en Puerto Rico y algunas comunidades de la diáspora, casi no se sintió dentro de la sala de la Cámara durante el debate. El único congresista que levantó su voz en contra fue el representante boricua Luis Gutiérrez, de Illinois, quien no solo criticó la medida sino a sus colegas demócratas por apoyarla.

Dijo sentirse desilusionado porque los demócratas no se opusieron tenazmente a una junta no electa que no le tiene que responder a la gente a quienes está controlando, que puede llevar a cabo sus asuntos en secreto, y que puede enfocarse en implementar medidas de austeridad sin preocuparse de las consecuencias al pueblo. Les advirtió a los congresistas reunidos que se ha establecido que Puerto Rico es ‘propiedad’ de los Estados Unidos, y el Congreso los está tratando como tal.

‘Esta no es mi promesa’, afirmó Gutiérrez en español a los congresistas. ‘Mi promesa es que el pueblo de Puerto Rico se respete y que no se trate como si fueran esclavos’, agregó.

‘Yo rechazo esta promesa. Y les digo que mi promesa es clara, de trabajar para defender, como se dice el pueblo de Puerto Rico: Preciosa, no importa el tirano te trate con negra maldad’, concluyó para salir del hemiciclo rápidamente sin comentarios a otros colegas.

Las declaraciones de Gutiérrez fueron una manifestación más del tema que seguía apareciendo sobre ‘PROMESA’: el estatus político de Puerto Rico.

Por otra parte, el representante José Serrano, de Nueva York, afirmó que lo positivo del debate sobre la crisis es que muestra que el Congreso le está prestando alguna atención a Puerto Rico, lo cual no habían hecho en mucho tiempo.

‘Mientras Puerto Rico sea una colonia y un territorio de los Estados Unidos, vamos a volver a ver estos asuntos y otros asuntos como estos’, explicó Serrano.

‘Es hora que el Congreso se una al pueblo de Puerto Rico para decidir si terminamos con el estatus colonial’, agregó, ‘No cambiarlo un poco o hacer que se vea un poco más presentable sino eliminar la colonia y convertirse en el estado número 51 o una nación independiente’, concluyó.

La legislación crea un ‘task force’ congresional para analizar cómo las leyes y políticas federales afectan o impiden el desarrollo económico de la Isla y qué impacto tienen sobre la pobreza infantil en Puerto Rico. Los temas a estudiarse podrían incluir la falta de equidad en reembolsos en los fondos federales de Medicare y Medicaid, el tener que asumir los costos muy altos de la marina mercante estadounidense requerida por la Ley Jones, el no tener acceso al crédito por intereses devengados (Earned Income Tax Credit), entre otros.

Además, se aprobó una enmienda de Velázquez y Serrano para que continúen los trabajos de la comisión en Puerto Rico que audita la deuda.

De igual modo, pasó una enmienda del comisionado residente de, Pedro Pierluisi, y el republicano Sean Duffy de Wisconsin, que establece que el 80 porciento de la isla podría obtener contrataciones federales para empresas medianas y pequeñas como parte del programa HUBZone.

Los congresistas también aprobaron una enmienda para requerir que la Oficina de Contraloría General le someta al Congreso informes cada dos años analizando la salud fiscal de todos los territorios.