WASHINGTON – El proyecto de ley PROMESA que permitiría reestructurar la deuda pública de Puerto Rico de $73 mil millones bajo la ‘supervisión’ de una Junta de Control Fiscal no sufrirá grandes cambios en el debate y la votación pautada para el jueves en el pleno de la Cámara de Representantes.

La propuesta Ley para la Supervisión, Gerencia, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) se debatirá principalmente en su forma actual luego de que el Comité de Reglas de la Cámara excluyera enmiendas que buscaban alterar el funcionamiento de la Junta de Control Fiscal, eximir a Puerto Rico de los requerimientos marítimos de la Ley Jones, y asegurar la equidad para los territorios en los fondos federales que reciben en el programa Medicaid.

El Comité dictaminó que habrá una hora de debate dividido igualmente entre quienes apoyan y se oponen a la medida, y otra hora y media para discutir ocho enmiendas, entre ellas una que eliminaría la provisión que permite al gobernador de Puerto Rico reducir a $4.25 el salario mínimo a empleados de 25 años o menos.

Las 10 enmiendas que propuso el representante Luis Gutiérrez de Illinois, congresista quien ofreció el testimonio más apasionado de la tarde, fueron rechazadas. Había solicitado, entre otras cambios, que los nombramientos a la Junta sean más representativos de los puertorriqueños, que todos sus asuntos y materiales escritos se produzcan en ambos idiomas, y que el gobierno de Estados Unidos pague los $360 millones que se estima costará el funcionamiento del organismo.

Comentó que la Junta no electa por los puertorriqueños tiene la última palabra en establecer e implementar un plan fiscal y los presupuestos anuales en la Isla, el elemento más preocupante y ‘sumamente ofensivo’ para la gente en Puerto Rico.

‘Si estamos echando hacia un lado el gobierno de Puerto Rico y reemplazándolo con personas seleccionadas en Washington que no tienen relación alguna con Puerto Rico, y que conducen sus asuntos en inglés y en secreto, lo menos que puede hacer el Congreso es pagar por ello’, afirmó Gutiérrez a sus colegas en el Comité de Reglas.

Luego de su testimonio y la intervención de varios congresistas quienes abogaron por sus enmiendas, el Comité se retiró para deliberar las enmiendas que formarían parte del debate en el pleno de la Cámara el jueves. Parece que Gutiérrez ya se imaginaba lo que venía.

‘Si no aceptan ninguna de mis enmiendas en público, con todo el mundo viendo lo que está sucediendo, ni dan tiempo para debate, te puedes imaginar qué se puede esperar de una junta de control? Nada’, enfatizó Gutiérrez. ‘Esto sería como que ya esto está planchado’, concluyó.

El liderato demócrata en la Cámara así como funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro solicitaron a los congresistas, que apoyaran PROMESA en su forma actual como producto de una negociación ardua de meses que implicó concesiones de congresistas de ambos partidos para lograr un apoyo bipartita.

El Comité temió que muchos cambios y enmiendas podrían romper el balance de esas negociaciones y descarrilar la medida apoyada por muchos demócratas, la Casa Blanca, y el presidente de la Cámara, Paul Ryan. Existe alguna premura para que se apruebe un proyecto en la Cámara, y luego en el Senado para la firma del presidente Barrack Obama ya que el 1ro de julio vence otro pago masivo de $2 mil millones por el servicio de la deuda.

‘Les solicito al Comité de Reglas que considere el acuerdo delicado, frágil y bipartita en este proyecto al determinar qué enmiendas se deben considerar y debatir’, expresó el representante Raúl Grijalva, el líder de la minoría demócrata en el Comité de Recursos Naturales donde se elaboró la medida.

‘Todo lo que se puede hacer para mantener el fruto de esa negociación y esos acuerdos ayudará a asegurar que se apruebe el proyecto’, añadió.

Parece que el Comité tomó eso en cuenta. Aparte de la enmienda sobre le salario mínimo, las otras siete enmiendas que permitieron ser sometidas a la Cámara en pleno no cambian a PROMESA en ninguna forma sustancial.

Las enmiendas a considerarse incluyen una de los demócratas boricuas Nydia Velázquez y José Serrano de Nueva York, que permite que continúen los trabajos de una comisión en Puerto Rico que audita la deuda y que ha identificado hasta ahora que unos $30 mil millones de las deuda pudo ser emitido ilegalmente.

Se debatirá una enmienda del comisionado residente Pedro Pierluisi, y el republicano Sean Duffy de Wisconsin, que establecería que el 80 por ciento de la Isla podría obtener contrataciones federales para empresas medianas y pequeñas como parte del programa HUBZone. Se rechazó una enmienda del representante demócrata Jared Polis de Colorado que le extendería este incentivo a toda la Isla.

Procedieron enmiendas republicanas que priorizan la propiedad federal en la Isla, y que requerirían a un task force congresional para recomendar maneras en que las leyes y los programas federales puedan reducir la pobreza infantil. Además, se le requeriría a la Oficina de Contraloría General someter un informe cada dos años al Congreso sobre la cantidad de deuda e ingresos de cada territorio, el efecto que tienen las leyes federales sobre la deuda del territorio, y la capacidad que tienen estos para pagar su deuda.