A horas del proceso de discusión de enmiendas finales y votación en la Cámara de Representantes federal sobre el proyecto que impondría una Junta de Control Fiscal para Puerto Rico, la Casa Blanca dejó saber que favorece la versión de la medida que discute la Cámara y que se necesita legislación aprobada para el 1 de julio.

Esa es la fecha en que la Isla enfrenta pagos por servicio de deuda de casi $2,000 millones, de acuerdo al documento que Casa Blanca publicó el martes con la intención de despejar los ‘mitos’ sobre el proyecto de la Cámara 5278 para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés).

‘No hay alternativa real a este proyecto’, se advierte, a la vez que se indica que, aunque no es el cuadro óptimo, el lenguaje conseguido hasta ahora: detiene los litigios, mantiene toda la deuda en la mesa de alternativas, prohibe favores especiales a acreedores, respeta el autogobierno de Puerto Rico a la vez que provee transparencia y supervisión, y protege las pensiones y servicios esenciales. Esta defensa del contenido del proyecto parece anticipar que la medida no sólo sería aprobada en Cámara y Senado federal, sino que el presidente Barack Obama la firmaría.

La expresión del ejecutivo federal también se dirige a atacar los argumentos de que el proyecto responde a los intereses de los ‘fondos buitre’, o de cobertura, y recalca que son esos fondos los que han invertido millones en publicidad en contra de la medida.

‘Simplemente no es cierto que PROMESA favorezca a los fondos de cobertura… En ausencia de este proyecto, el futuro de Puerto Rico estará en manos de sus acreedores, no de su gente’, argumenta el director del Consejo Económico Nacional y también ayudante del Presidente para Política Económica, Jeffrey Zients.

‘Seguiremos haciendo todo lo que podamos para mejorar el acuerdo que está sobre la mesa, pero debemos reconocer que este es un acuerdo que los demócratas y los republicanos pueden apoyar’, indica.

Sobre el argumento de que la Junta no representará la voz de los puertorriqueños, dice que la Casa Blanca ‘está comprometida con asegurarse de que los puertorriqueños estén bien representados en la membresía (de la Junta)’ y que su diseño está hecho para que sean los líderes electos de la Isla los responsables de ‘iniciar y adelantar la política económica’.

Sobre las críticas de que el funcionamiento de la Junta provocará más recortes y austeridad, la Casa Blanca recordó que, sin las disposiciones del proyecto, ‘los tribunales podrían ordenar al Gobernador pagar a los acreedores en vez de a los policías, bomberos y hospitales’.

En cuanto a las pensiones, el Ejecutivo federal recordó que las leyes de Puerto Rico no le dan protección especial por encima de los acreedores, mientras que PROMESA sí lo haría.

Sobre el despido de empleados o los recortes presupuestarios, el documento explicativo de Casa Blanca no es tan contundente, admitiendo que, si los oficiales electos no pueden llegar a presupuestos balanceados, la Junta puede ordenar recortes pero que serían los oficiales electos los encargados de ejecutar esos recortes.

En un punto directamente dirigido a la campaña pública en contra del proyecto, el documento ejecutivo concluye con la ‘promesa’ de que la medida no va a costarle dinero al contribuyente estadounidense y que es el ‘sacrificio compartido’ entre Puerto Rico y los acreedores el que va a solucionar el problema de la deuda de la Isla.