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CNE reniega nociva PROMESA para Puerto Rico

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El Centro para una Nueva Economía (CNE) indicó que no endosa el proyecto HR 5278, que crearía la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en ingles) aprobado en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara baja en Washington y que impondría una junta de control fiscal en la Isla para lidiar con el pago a los acreedores del Gobierno estatal.

Aunque prefirió no utilizar el término ‘golpe de estado’, el director de Política Pública del CNE, Sergio Marxuach, sí admitió que los poderes casi omnipotentes que el proyecto le entrega a una junta de control son acordes con un golpe político a un Estado soberano.

Según indicó Marxuach, luego de un profundo análisis del proyecto de acuerdo a una serie de principios básicos de política pública, llegó a la conclusión de que este no cumple con tres principios básicos: el respeto de las instituciones y procesos en Puerto Rico, la decisión final en materias sensitivas para el país no recae en los líderes electos democráticamente en Puerto Rico, y los procesos de reestructuración de la deuda no son justos y equitativos.

No obstante, Maxuach indicó que el proyecto solo cumple con el principio de no excluir ninguna clase de deuda del proceso de reestructuración y cumple parcialmente con la creación de un Task Force congresional que superviseel crecimiento económico de Puerto Rico.

‘Tenemos que subrayar varios principios fundamentales que creemos son muy importantes y que esta legislación no atiende. Cualquier junta federal tiene que respetar las instituciones y procesos políticos de Puerto Rico aunque tenemos que admitir que ya todos sabemos que por años estas no han funcionado, el enfoque debe ser en mejorar estas instituciones, no es quitarles el poder. El HR 5278 le confiere a la Junta de Control Fiscal poderes que exceden los necesarios para ejecutar una función de monitoreo y supervisión fiscal’, explicó.

El experto indicó que según señala el proyecto la Junta será una entidad del gobierno de Puerto Rico pagada con fondos públicos de la Isla, pero que no estará sujeta al control o a la supervisión de funcionarios locales. Esta podrá reforzar la ejecución de recomendaciones que hayan sido rechazadas por el Gobernador o la Legislatura de Puerto Rico, podrá prohibir la ejecución de ciertas leyes, reglamentos, órdenes o contratos, podrá requerir la ejecución de medidas de privatización y comercialización de actividades gubernamentales, y de manejo de los fondos de pensiones de los empleados públicos.

‘El otro principio que no cumple el proyecto es mantener la decisión final sobre materias impositivas y de gasto público en los oficiales democráticamente electos en Puerto Rico y en el pueblo que es quien paga esos impuestos. Esto es un concepto que viene desde los tiempos de la Carta Magna en Inglaterra y en lo que irónicamente está fundamentado los Estados Unidos’, dijo.

El economista aseguró que bajo el proyecto propuesto la Junta prácticamente toma el control de las instituciones fiscales de Puerto Rico y queda facultada para desarrollar el presupuesto del Gobierno e imponer reducciones de gastos aún en detrimento de la prestación de algunos servicios públicos.

El tercer principio señalado por Marxuach con que no cumple PROMESA es un proceso para reestructurar la deuda que trate a las partes de forma justa y equitativa proveyendo un camino claro y viable para que se produzca un alivio significativo en el pago de la deuda.

‘El proyecto representa progreso sobre el proyecto anterior, el HR 4900, pero los procesos de reestructuración todavía son demasiado complicados y no proveen un camino viable que desemboque en un alivio a la deuda. Este crea un proceso complejo de clasificación de acreedores, contempla un periodo muy corto de aplazamientos para los litigios y crea una segunda capa de requisitos al nivel de la Junta de Control para que se pueda acceder a un proceso de reestructuración supervisado por la corte’, explicó mientras recalcó que el proceso que se establezca debe ser ‘factible y funcional’.

Marxuach indicó que hay otras secciones del proyecto que son controversiales y que socavan la integridad del gobierno local y de la ciudadanía. Entre estas, el proyecto requiere que todas las leyes aprobadas se sometan a la Junta para su certificación. Si la ley no se somete a la Junta o si no obtiene su certificación de que cumple con lo establecido por la ley, la Junta estará autorizada a desestimarla por no cumplir con el plan.

Tampoco se pueden reprogramar fondos sin el aval de la Junta, pero no hay una disposición para casos de emergencia.

‘Si viene un huracán, por ejemplo, y hay que mover dinero para aprobar emergencias, vamos a tener que pasar por un proceso de someter eso ante la Junta. No tener la flexibilidad de reprogramar dinero de un pote a otro es peligroso en casos de emergencias, tener que esperar a que el proceso se realice’, indicó Marxuach.

El experto sostuvo que la oferta ofrecida por PROMESA no es aceptable y que el CNE no la puede endosar, tal y como fue aprobada hoy en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara federal. Marxuach concluyó que el proyecto representa un híbrido de lo que se hace en negociaciones internacionales y el Capítulo 3 de la Ley de Quiebras estadounidense.

‘La diferencia es que cuando tú tienes otros países soberanos que emiten deuda, estas reglas se estipulan de antemano en el contrato. Aquí el Congreso lo hace por legislación y lo aplica retroactivamente a 18 emisores de deudas diferentes con diferentes tipos de deuda. El Tesoro ha determinado que en teoría si funciona, mi opinión es que si, en teoría funciona, pero en la práctica va a ser bien difícil que funcione’, aseguró.

‘Sabemos que los costos políticos de esto son 100% certeros y los beneficios de poder reestructurar la deuda son contingentes. Dada esa situación entendemos que el balance entre esos costos y beneficios no es un balance justo, se inclina hacia la supervisión en vez de un alivio fiscal para poder desarrollar la economía. Ahora mismo como esta la mayoría de los puertorriqueños no debería estar de acuerdo con esto’, sentenció.

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