Para la abogada Natalia Ramírez, la crisis fiscal sin precedentes en que está sumida la Isla se debe en gran medida a la falta de transparencia gubernamental.

‘Ahora mismo el derecho al acceso a la información es trascendental en la coyuntura crítica que está viviendo el gobierno. Este sería un paso de avanzada para que el gobierno mejore en su gobernanza, y promueva la apertura y la rendición de cuentas’, dice.

Ramírez es una de las portavoces de Espacios Abiertos, organización que sirve como una coalición en defensa del derecho a la información. Lo que califica como paso de avanzada es que la Legislatura apruebe el proyecto de ley 2994, mejor conocido como la Ley de Transparencia y Acceso a la Documentación e Información Pública.

En la mañana de hoy, miércoles, la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes iniciará las vistas públicas en el Salón de Audiencias 2, en aras de recibir el insumo de la comunidad en torno al proyecto radicado por los legisladores José ‘Conny’ Varela del Partido Popular Democrático, y Johnny Méndez, del Partido Nuevo Progresista. Espacios Abiertos es una de las organizaciones que alzará su voz con una ponencia escrita.

‘Nosotros estamos compareciendo para expresar nuestras preocupaciones en cuanto a la cultura de opacidad en el gobierno. Se entiende que [esta información] es de dominio público, pero no está respaldado por una ley que le imparta efecto útil. Entendemos que hay ciertos obstáculos, como la negativa constante a divulgar la información que se necesita, menospreciando la capacidad del pueblo para entender los datos, o no divulgando información diciendo que no es pertinente, ignorando que el derecho a la información no exige pertinencia’, denuncia Ramírez.

Precisamente, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) se anotó recientemente una victoria más en los tribunales luego de que se le negara acceso al estudio sobre la reforma contributiva. Su batalla por el acceso a la información se ha alzado en el foro judicial y ahora insistirá en la Rama Legislativa.

Para el abogado Efrén Rivera Ramos, quien representará al CPI en la vista pública, aunque el Tribunal Supremo de Puerto Rico ya ha reconocido el derecho de los ciudadanos a la información como un derecho constitucional, y a la vez se sobreentiende que la información que se gestiona en el Gobierno es de dominio público, aún lo que existe es legislación dispersa, fragmentada, ‘que no es suficiente’ para hacer cumplir este derecho.

‘En una sola pieza legislativa, [se podría] reglamentar lo que tiene que ver con eso, ampliar la definición de lo que es información pública, y crear un mecanismo preciso que el ciudadano pueda seguir, con términos a las agencias para entregar la información, y así, provee otros mecanismos para que el ciudadano pueda hacer realidad ese derecho’, sostuvo el también profesor de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

Además, Rivera Ramos acentuó que esta ley también se adentra en la transparencia, un término que tildó como más abarcador que el derecho a la información, pues impone al Estado la obligación afirmativa de publicar toda su gestión, dar a conocer sus operaciones, ‘sin que haya necesidad siquiera de pedírselo’.

El proyecto ha sido apoyado por sobre 20 organizaciones civiles, comola Clínica de Derecho Ambiental, Abre Puerto Rico, el Grupo de las Ocho Comunidades del Caño Martín Peña, la American Civil Liberties Union (ACLU), el Capítulo de Puerto Rico de Amnistía Internacional, el Proyecto Matria, el Movimiento Amplio de Mujeres, Diálogo, Claridad, entre otros. Además, por sobre 40 periodistas a título individual.

Por el contrario, el periodista Juan Hernández, presidente de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), se manifestó en contra del proyecto de ley y así lo hará constar en la sala legislativa.

‘La posición de la ASPPRO de lo que se trata es que queremos hacerle un primer llamado a la Cámara y a los presentadores del proyecto a que retiren el proyecto, porque entre otras cosas, plantea la autoridad del Estado para controlar y reglamentar la información. Eso como principio es inconstitucional’, manifestó el también periodista.

Lo que repugna Hernández es que el Estado supuestamente se convierta en ente regulador de la información. A pesar de que el Gobierno funciona como tenedor y generador de toda la documentación pública, el periodista sostuvo que ‘toda la información que genera el Estado es de carácter público, y al ser de carácter público, tiene que hacerse disponible para todo el público’.

‘El Estado no es otra cosa que el custodio de la información que propiamente genera, y ser custodio no significa ser ente regulador. Es más bien ‘Yo tengo guardado esto aquí que te pertenece, en el momento que lo necesites, lo hago disponible’. No es un principio de regulación, en el propio proyecto se reconoce la obligación de control gubernativo de la información y la documentación pública mediante expediente original’, agregó.

Para el presidente de la asociación periodística, la aprobación de este proyecto sería ‘detrimental’ para la actividad diaria de su gremio, por la creación de un ente intermedio que tendría jurisdicción primaria sobre todos los casos y por implantar un término de siete días que considera demasiado amplio para el día a día noticioso.

‘El solo hecho de crear todo un nuevo escalafón administrativo – yo lo llamo obstáculo administrativo –, en el proceso de solicitar y adquirir información, y que pudieran hasta rechazar el derecho del solicitante a tener acceso a la información, podría hasta validar la justificación que podría dar el Estado para no darla’, dijo.

Sin embargo, Hernández reconoció la falta de transparencia del Gobierno así como los obstáculos para el acceso a la información pública, lo que también limita la gestión periodística. Ante preguntas de NotiCel sobre si la ASPPRO presentaría una contrapropuesta, o impulsaría una iniciativa alterna para modificar el panorama, Hernández admitió que ‘la Asociación de Periodistas no está evaluando o considerando una legislación o cualquier otro mecanismo que vaya orientado a atender esa situación’.

Por su parte, la abogada Ramírez mantuvo su apoyo, incluso elogiando el proyecto por basarse en la ley modelo interamericana de acceso a la información, acogida por la Organización de Estados Americanos (OEA) y diseñada por miembros de la sociedad civil.