El gobernador Alejandro García Padilla, firmó ayer la orden ejecutiva 2016-018 que decreta un estado de emergencia para la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), conforme a la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera o Ley 21 de 2016.

Con esta orden, la actual administración habilita a la ACT para que pueda continuar sus proyectos de construcción y proceder con el pago a contratistas y obras en proceso.

La orden ejecutiva suspende la obligación de la ACT de transferir los ingresos de los peajes y cualquier otro ingreso recibido a sus bonistas e impone un ‘stay’ en las reclamaciones judiciales y de cualquier tipo.

Además, esta orden no establece una moratoria sobre el pago de ninguna obligación. Los fondos necesarios para el pago de los bonos de la ACT relacionados con los ingresos de los peajes están adelantados y depositados en las cuentas de los fiduciarios para responder por los pagos hasta el próximo año. Tampoco se afecta la OE-2015-046 sobre los fondos retenidos (clawback).

Al 31 de diciembre de 2012, la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (ACT) con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) alcanzaba más de $2,200 millones y no existía fuente de repago.

Actualmente, la ACT necesita cerca de $25 millones mensuales para continuar su operación y proveerle los servicios esenciales a la ciudadanía, garantizando así su seguridad y bienestar. Asimismo, necesita sobre $150 millones para atender las cuentas por pagar con sus suplidores.

Esta medida se suma a la determinación del gobernador de conceder a la ACT una parte importante de los fondos obtenidos de la transacción reciente con la compañía Metropistas.

Mientras, el coordinador del Programa de Solidaridad UTIER, organización que representa a los trabajadores unionados de la agencia, Luis Pedraza Leduc, afirmó que ‘la Autoridad de Carreteras y Transportación tiene capacidad para producir ingresos millonarios y administrar otros de naturaleza federal que impactan la industria de la construcción, sin embargo los políticos y el mercado la han quebrado’, a la vez que recordó que en abril de 2014 la unión le presentó a la Autoridad una propuesta de economías por más de $300 millones en actividades subcontratadas que deberían realizarse por personal de la agencia.

De igual modo, criticó la decisión de alquilar la autopista 22 por 50 años y reducir la cantidad a recibir del peaje priva a la ACT de millones de dólares. Además, señaló que se ha endeudado a la agencia a través del Banco Gubernamental de Fomento fue una decisión política para subsidiar otras agencias del gobierno. También los políticos se han beneficiado inflando la nómina de la ACT con cientos de nombramientos, aumentos de salarios y bonificaciones altamente jugosas.