Un informe Especial de la Contralora de Puerto Rico revela que en un período de seis años se han despilfarrado más de $35 millones de fondos públicos en obras y proyectos municipales que no habían tenido utilidad.

La Contraloría recomienda en su informe que los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes legislen para que en caso de que los alcaldes incurran en estos gastos, se les cobre de su dinero y además les exhorta a que fiscalicen los fondos asignados para la construcción de obras y proyectos en los municipios.

El Informe, que incluye fotos de algunas de las estructuras que permanecían sin utilidad, revela además que en Ceiba, Culebra, Río Grande, San Germán y Vega Baja se desembolsaron $1.4 millones para otras instalaciones que no habían tenido utilidad, que en Vega Baja se pagó casi medio millón para un sistema de vigilancia y en 10 municipios se invirtieron $2.9 millones en contratos de servicios profesionales en los proyectos mencionados y en otros que no se finalizaron.

Este despilfarro contrasta con los datos generales de que para los años fiscales del 2011 al 2014, un 50% aproximado de los municipios de Puerto Rico han terminado con déficits acumulados y que la deuda pública de los municipios aumentó un 17% del 2010 al 2015, o sea de $3.5 mil millones a $4.1 mil millones.

El Informe también recomienda que el Gobernador exhorte a los alcaldes que se abstengan de invertir fondos públicos en obras y proyectos que no redunden en el beneficio del pueblo, a los alcaldes que establezcan prioridades de acuerdo a las necesidades de sus pueblos y al Comisionado de Asuntos Municipales que vigile que los alcaldes cumplan con no invertir fondos públicos en obras y proyectos que no redunden en beneficio del pueblo.

El Informe Especial es una recopilación de 175 informes de auditoría a los municipios y cubre el período del 1 de julio de 2010 al 31 de marzo de 2016.

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