La presentación pautada para hoy, miercoles, del muy esperado nuevo proyecto de ley federal para atender la crisis fiscal en Puerto Rico se atrasó, dejando claro que el tranque legislativo entre los republicanos conservadores y los demócratas sobre la posible reestructuración de los $73 mil millones en deuda pública de la isla no ha cedido del todo.

Miembros del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, donde se elabora la medida, no ofrecieron una fecha exacta para cuándo el nuevo proyecto se dará a conocer. La líder de la minoría demócrata, Nancy Pelosi, estimó que de presentarse el viernes, se podrá discutir el proyecto de ley la semana entrante.

‘Estábamos decepcionados que la medida que vimos ayer no fue algo que podemos apoyar,’ expresó Pelosi. ‘Creo que unos días más de negociaciones de parte y parte producirá algo que podamos llevar a la consideración del pleno de la Cámara’, añadió.

Resolver los desacuerdos sobre la acción a tomar ‘absolutamente tiene que ocurrir,’ afirmó Pelosi. Esas diferencias incluyen las condiciones bajo las cuales se permitiría o se les obligaría a los acreedores a someterse a un proceso de reestructuración de la deuda; la prioridad o trato preferencial que se le dé a las pensiones de los empleados públicos al solucionar la crisis; y los poderes de la propuesta Junta de Control Fiscal para ‘supervisar’ las finanzas del gobierno.

‘Esto se tiene que hacerse de forma bipartita para que la reestructuración logre lo que tiene que lograr, con una junta que pueda dar seguimiento al proceso, y de una manera que ayude a crecer la economía de Puerto Rico y ayude a la gente allí’, afirmó Pelosi.

Esta sería la cuarta versión de la propuesta Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés). La primera se presentó a finales de marzo y la más reciente, discutida en una vista a mediados de abril, iba a ser considerada por el Comité. Pero ante la oposición férrea de republicanos conservadores y desacuerdos por parte de los demócratas, el Presidente del Comité, el representante Rob Bishop de Utah, canceló la votación.

Bishop había pautado la votación sobre esta nueva versión del proyecto de ley para el 18 de mayo. Aún no está claro si el atraso de hoy afectan esos planes.

El impago de $367 millones en servicio de la deuda el 1 de mayo incrementó la presión sobre el Congreso para que tomara acción sobre la crisis. Ante la posibilidad de otro impago mayor de $2 mil millones el 1 de julio, que incluyen bonos de obligación general, cuyo pago es garantizado por la constitución, funcionarios reiteraron un llamado urgente para que se le permitiera a Puerto Rico reestructurar su deuda. Leyes federales actuales le prohíben este recurso a Puerto Rico y los demás territorios.

Ya ocurrido el impago, funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento del Tesoro reclamaron que la mayoría republicana congresional resolvieran el tranque. Las visitas a Puerto Rico esta semana por parte del secretario del Tesoro Jacob Lew y del representante Raúl Grijalva de Arizona, líder de los demócratas en el comité, enfatizaron la urgencia para tomar acción antes de que se empeore la situación económica que llevaría la isla a ‘una crisis humanitaria’, según ellos.

Lew visitó el Centro Médico y pudo constatar la falta de recursos que tiene el gobierno para asegurar los servicios de salud al pueblo y las dificultades que tendría para enfrentar la crisis de salud pública que representa el virus zika.

Mientras más se tarde el Congreso, Lew afirmó, más aumenta la probabilidad de que en vez de implementar un proyecto de ley para reestructurar la deuda, habría que proveerle a la isla un rescate financiero, acción que los republicanos rechazan intensamente. Campañas publicitarias favoreciendo a los acreedores que están opuestos a una reestructuración de la deuda han tildado el proyecto PROMESA como un rescate financiero, una caracterización que el Portavoz de la Cámara Paul Ryan y otros republicanos han tenido que desmentir repetidamente.

Grijalva, quien visitó la agenda de servicios sociales Caritas de Puerto Rico y un centro médico en la isla, afirmó que hay avances en la elaboración del proyecto de ley, ‘pero aún no estamos a donde queremos llegar’.

‘La situación en Puerto Rico es desesperante, pero un proyecto de ley que no soluciona el problema y que no podría aprobarse, no ayudaría a nadie,’ enfatizó Grijalva.

‘Las familias en la isla necesitan un alivio de los recortes desastrosos en los servicios públicos causados por la carga de la deuda apabullante y el colapso de la economía. Tengo la esperanza de que con un poco más de trabajo, podemos llegar a donde hay que llegar’, agregó.