Casos criminales de sus ejecutivos, manejo turbio de la extensión del contrato con Metropistas y total falta de transparencia en su información financiera y operacional tienen a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) a la puerta de ser la primera dependencia del gobierno a la que se le designa un síndico por solicitud de sus acreedores.

Este sería el resultado si prospera una acción radicada el martes mediante la cual la aseguradora Ambac Assurance Corporation solicitó al Tribunal Federal que nombrara un síndico provisional para evitar más daño a los acreedores de la ACT. La aseguradora es la misma que mantiene una demanda separada contra la Administración García Padilla por las órdenes ejecutivas mediante las cuales el Gobernador viabilizó el desvío de fondos que se supone sen transferidos a los fideicomisos que, a su vez, le pagan a los bonistas del gobierno.

En la nueva acción radicada el martes, Ambac sostiene que la recientemente anunciada extensión del contrato con Metropistas para la operación de dos carreteras en la Isla hace necesario que entre un ente independiente a operar la ACT porque los recaudos de ese contrato no fueron a parar a la ACT, que lo necesita para pagar a sus acreedores, sino que quedaron en manos del Gobierno para desviarlos a su antojo bajo las disposiciones de la Ley de Moratoria.

La extensión del contrato otorgó 10 años adicionales de operación a Metropistas a cambio de un pago de $115 millones para el cual el Gobierno también permitió que cambiara la división de ingresos de los peajes que opera Metropistas de forma tal que en vez del dinero dividirse 50-50, ahora al erario sólo llegará el 25%.

En sus escritos, Ambac pide una consideración expedita y abona que los auditores de la ACT, Ernst <><><><><><><><><>& Young, han emitido una opinión en sus estados auditados en los que expresan serias dudas de que la corporación pública pueda seguir operando. Se señala también que, a pesar de su profunda crisis económica, la ACT ha desaprovechado la posibilidad de obtener hasta $750 millones en créditos por peajes de parte del gobierno federal, así como que la agencia ha acumulado pérdidas millonarias por no aumentar los peajes a la par con sus costos./p

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Esta información ha salido en los estados auditados pero los demandantes apuntan a que hay información crítica sobre el estado real de la ACT que no ha sido divulgada a pesar de esfuerzos que han hecho para exigirla y a pesar de que es información que la ACT está obligada a dar a sus acreedores. Las solicitudes se han hecho incluso mediante carta a la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, y miembro de la junta de la ACT, Melba Acosta./p

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‘Es evidente para los demandantes que la ACT no quiere producir esa información porque delataría malas actuaciones’, dice uno de los escritos de Ambac./p

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También apuntaron a la convicción del extesorero de la ACT, Silvio Cepeda, por soborno como una muestra de la necesidad de un síndico./p

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La ACT tiene un pago de bonos por $233 millones señalado para el 1 de julio que se cree no se podrá cumplir./p