Neyssa Varela, presidente de la Asociación de Contratistas Generales de America, Capítulo de PR, anunció hoy, viernes, que la secretaria de la Gobernación, Grace Santana Balado, reconoció a la industria de la construcción en Puerto Rico ‘como una de las industrias que promueven e incentivan el desarrollo económico del País, construyendo la infraestructura necesaria para proveer servicios esenciales y vitales para la salud y seguridad de los ciudadanos’.

Las expresiones de Santana se dieron en una reunión con los líderes del AGC-PR y un día después de que la asociación solicitara públicamente a la administración del gobernador Alejandro García Padilla y a la Legislatura que se incluyera con carácter de urgencia a la industria de la construcción como servicio esencial y así poder permitir cobrar por las obras construidas para el gobierno de Puerto Rico.

Varela indicó que la Ley 21 firmada por el Gobernador el 6 de abril de 2016, para autorizar al Gobernador a declarar un estado de emergencia y una moratoria sobre las obligaciones del Gobierno estipula claramente en el Artículo 108 que ‘dada la crisis fiscal por la que atraviesa le Estado Libre Asociado, durante este periodo de emergencia el Gobernador debe darle prioridad a los servicios esenciales sobre el pago de la deuda no sólo para proveer para la salud, seguridad y bienestar de los residentes del Estado Libre Asociado pero también para evitar una contracción económica adicional y la crisis fiscal y humanitaria…’.

Asimismo, las enmiendas aprobadas a la Ley 21 por la Cámara de Representantes son muy claras al establecer que no se puede declarar moratoria sobre las obligaciones del gobierno dirigidas ‘a promover actividades y programas de desarrollo económico’.

La AGC-PR, que tiene 300 socios y representa al 80% de la actividad de la industria de la construcción, está muy activa en la defensa de los derechos de sus socios, sobre todo el cobro por obra terminada y certificada al Gobierno de Puerto Rico. Las deudas con los contratistas generales exceden los $150 millones y han dejado en suspenso el empleo de 7 mil personas.

‘Quiero reiterarle a nuestros socios que haremos todo lo que esté a nuestro alcance y sea necesario para defender sus derechos y los empleos que genera esta industria’, concluyó Varela.