Luego de la aprobación del Reglamento 155 de 2015 del Departamento de Salud sobre el uso, posesión y cultivo del cannabis medicinal, aún no se han implementado todas sus disposiciones y la entrada al mercado de la planta continúa siendo restrictiva, no solo por las disposiciones legales existentes sino por el capital necesario para iniciar un establecimiento autorizado para su expendio.

El licenciado Godwin Aldarondo Jiménez explicó que el primer paso para cumplir con el reglamento es que el Departamento de Salud certifique a los médicos, quienes serán los que a su vez certificarán a los pacientes autorizados a adquirir el cannabis medicinal.

‘De igual forma, dependemos del número de pacientes que se inscriban para saber cuántas licencias de siembra y de dispensarios se van a expedir’, indicó Aldarondo Jiménez. ‘Solamente han salido los formularios para los pacientes y los médicos, todavía no hay una notificación a los médicos para poder empezar con lo que dispone el reglamento’, detalló.

La existencia del reglamento ha despertado el interés de los pacientes, quienes están recurriendo al mercado ilegal para tratarse.

‘Muchos pacientes buscan en el mercado negro el cannabis medicinal, ya sea la flor, los aceites o los extractos. Se han adelantado porque no quieren esperar a que el reglamento entre en vigor porque tienen una urgencia y como paciente eso es algo muy poderoso. Son pacientes que sufren de cáncer, fibromialgia, esclerosis, Alzheimer, que se han podido tratar con cannabis medicinal y han dejado de usar sus pastillas por una plantita. El mercado se está moviendo’, aseguró.

Entre los escollos para la implementación está el sistema de rastreo de semillas hasta su venta como producto final.

‘No hay una compañía con el contrato para ese tipo de servicio, es lo primero que necesita el Departamento de Salud para controlar desde la siembra de la semilla hasta la venta final para el consumo. Así es como se controla en los estados’, explicó.

En cuanto al establecimiento de sembradíos o dispensarios, el proceso oneroso que existe para los negocios es mayor aún para este sector que sería altamente regulado.

‘Lo ponen bien restrictivo, con muchos requisitos, licencias, permisos y certificaciones. Para poder tener dispensario o sembradío se va como 50 o 60% del capital inicial. Puede ser un negocio pequeño que atienda desde un paciente, hasta las empresas que atiendan a más pacientes. Para entrar al negocio hay que tener capital’, planteó.

El aspecto de la seguridad y el control del expendio es la más complicada.El Departamento de Salud debe identificar los fondos para poder adquirir el equipo, ofrecer entrenamiento, fiscalización y monitoreo.

‘Hacen falta laboratorios y la parte económica puede retrasar el proceso. El Departamento ha dicho que antes de diciembre debe estar en pie la implementación total’, recordó Aldarondo Jiméenez.

Puerto Rico es la primera jurisdicción dentro de Estados Unidos que aprueba un reglamento antes que se legislara la despenalización del cannabis. El que no exista legislación le ata las manos al Estado para beneficiarse de la venta del cannabis medicinal.

‘Esto es algo experimental no sabemos cómo va a resultar. Se puede imponer contribuciones cuando sea ley, como reglamento no’, apuntó el abogado.

Sobre el ámbito penal, aunque existe una orden ejecutiva que favorece que los casos de posesión de menos de seis gramos de marihuana se dirijan a un programa de desvío, todavía los casos se pueden llevar ante un magistrado para ser procesados a discreción del fiscal o el oficial.

El licenciado Aldarondo Jiménez pertenece a la organización PR Legal Marihuana, la cual orienta y educa a todo público sobre las implicaciones derivadas de la legislación aprobada hasta ahora sobre la tenencia y consumo de marihuana, así como su cultivo y comercialización con fines medicinales.