Los alcaldes de Carolina y San Juan pidieron al Tribunal Federal unirse en el pleito que incoaron bonistas de Banco Gubernamental de Fomento (BGF) para evitar un posible fraude a accionistas en esa institución al mover dinero o mezclar cuentas que puedan afectar la capacidad de cobro de los acreedores.

La solicitud de intervención, que el juez federal Francisco Besosa todavía no ha concedido, busca que el tribunal declare que los depósitos que tienen los respectivos municipios en el Banco son propietarios de esos municipios y que no estarían sujetos a ningún remedio o embargo que se le conceda a los acreedores demandantes o a otros.

El municipio de San Juan reclama tener depósitos allí por $73,740,509 y el de Carolina por $70,140,132. Ambos municipios populares aparecen representados en la acción por el cuñado del exgobernador Pedro Rosselló, el licenciado John Nevares.

Sobre esto, el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte Dalmau, contestó el martes una carta que le enviara el pasado viernes el gobernador Alejandro García Padilla por esta moción.

‘El Gobierno Municipal Autónomo de Carolina tiene depositado en fondos propios en el Banco Gubernamental de Fomento por 70 millones, 140 mil, 132 dólares, dinero destinado a la construcción de proyectos que benefician a los puertorriqueños que viven en Carolina y del Fondo de Redención de la Deuda del CAE (Contribución Adicional Especial), contribuciones locales que los carolinenses aportan para el pago de los bonos emitidos por el municipio con los bancos privados de Puerto Rico. La moción que radicamos ante el Tribunal Federal es una solicitud de intervención en una demanda donde se pretende embargar dinero que no le pertenece al BGF, ni a los fondos de inversión (buitres) que están demandando al BGF. Sustancialmente, los 70 millones que se pretenden embargar son de un fideicomiso no embargable. Nuestro Gobierno Municipal no está aliado a ningún grupo de Wall Street como usted mal interpreta. Todo lo contrario, nuestro interés es proteger el dinero de nuestros ciudadanos…’, reza parte de la carta enviada de Aponte Dalmau.

El pasado viernes, García Padilla le envió una carta tanto a Aponte Dalmau, como a Carmen Yulín Cruz Soto en la que les menciona que de manera informal recibió copia de la moción que radicaron en el Tribunal Federal.

‘Como ustedes saben, atendiendo la crisis fiscal heredada, mi prioridad ha sido defender los intereses de cada hombre y cada mujer, cada niña, cada niño y joven, cada persona de edad avanzada de nuestro pueblo. Ellos lo único que tienen es el gobierno de puerto Rico para protegerse de los intereses especiales de Wall Street y de todos los millones que están gastando en cabilderos, anuncios y demandas. A esos intereses especiales de Wall Street se han unido ustedes…. Les confieso que hubiese preferido que se unieran al esfuerzo del Estado Libre Asociado en defensa de la gente. Con sorpresa, veo que la decisión que tomaron fue defender el interés individual de las cuentas de sus municipios, en lugar de defender el interés colectivo de las cuentas de nuestro país’, menciona parte de la carta del Gobernador a los alcaldes.