El presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR), Ricardo Álvarez Díaz, hizo un llamado urgente el jueves al gobernador Alejandro García Padilla y a la Asamblea Legislativa para que reconsideren la entrada en vigor de la Ley de Moratoria o que sea derogada en su totalidad, o al menos, algunas disposiciones específicas.

‘Exhortamos al gobernador Alejandro García Padilla y a la Asamblea Legislativa, a reconsiderar la entrada en vigor de esta ley y aprobar legislación inmediata que derogue en su totalidad la Ley de Moratoria o en su defecto, derogue expresamente las disposiciones que resultan más dañinas a nuestro ordenamiento constitucional y a la estabilidad jurídica y economía del país’, manifestó Álvarez Díaz en un comunicado de prensa.

Según el representante de los constructores, entre las disposiciones que entienden deben ser derogadas de inmediato, están todas las disposiciones que conceden poderes especiales o particulares de expropiación de propiedad privada en el marco de la presente ley; todas las disposiciones que menoscaban las obligaciones contractuales; todas las disposiciones que privan de remedios judiciales a empresas o personas privadas en contra del gobierno; todas las disposiciones que autorizan procesos de sindicatura sin la intervención judicial; todas las disposiciones que obligan a ciudadanos y empresas privadas a trabajar y producir bienes y servicios al gobierno sin paga y cualquier otra disposición en violación de nuestro ordenamiento constitucional, federal y estatal y que priva al país de la estabilidad jurídica que necesitamos para salir, de forma ordenada y productiva, de la crisis fiscal y económica.

‘No podemos favorecer la recién aprobada Ley de Moratoria, en tanto establece mecanismos y procesos, totalmente ajenos a nuestro sistema de gobierno de ley y orden, el cual se centra en la libre empresa, el disfrute del debido proceso de ley y en la protección de los contratos suscritos entre las partes’, expresó Álvarez Díaz.

Sin embargo, aseguró que la Asociación está plenamente consciente de la grave condición fiscal del gobierno y de la fragilidad de la economía, por lo que se unen al llamado del gobernador, de líderes de los diferentes partidos políticos y de otras organizaciones empresariales, de llevar una voz unificada para buscar una solución balanceada mediante una acción congresional que permita reestructurar la deuda, reactivar la economía y estabilizar la situación fiscal.

‘Pero ello no puede ser a costa de nuestro sistema constitucional, federal y estatal, ni en menoscabo de las protecciones constitucionales, relaciones contractuales, el derecho de propiedad privada y el acceso a remedios judiciales que nuestros ciudadanos y nuestras empresas tienen, frente al estado’, señaló.

Según Álvarez Díaz, a lo anterior se suma la seria incertidumbre y desasosiego, que la aprobación de la ley ha levantado en toda la industria de la construcción, en la ciudadanía en general y en muchas otras organizaciones y empresas de otros sectores importantes para la economía de Puerto Rico. ‘Dicha incertidumbre ha afectado severamente procesos de negociación con acreedores, con el propio Congreso y la rama ejecutiva federal y ha agravado la falta de confianza y certeza en empresas foráneas y locales, que han estado ponderando o que han hecho inversiones importantes en el país’, indicó.

Por otro lado, alegó que todos los suplidores de la empresa privada que proveen bienes y servicios al gobierno, de todos los sectores, a los que se les adeudan unas cuantiosas sumas de dinero, han tenido que despedir miles de empleados, reducir sus operaciones y sufrir todas las consecuencias financieras que ello ha ocasionado. ‘Pero, enfrentarse a esta ley que les suspende su derecho a cobrar por la vía judicial o a ejecutar sentencias a su favor, a quienes se les fuerza a continuar dando servicios o rendir labores sin paga o a quienes se les puede, incluso, incautar su propiedad privada, alcanza una situación extrema que bajo ninguna circunstancia podemos avalar’, finalizó.