La deuda pública y la insolvencia del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) han destapado una verdadera Caja de Pandora en lo que respecta a las finanzas gubernamentales del País, poniendo de manifiesto un complejo esquema de prestamos para obras municipales que ha propiciado el desfalco de ese organismo financiero.

Al comenzar a alejarse de su rol como agente fiscal, el BGF comenzó a proveer financiamiento directo a municipios desde finales de la década de 1980, no siempre con fuentes para el repago de esos préstamos de fondos públicos, convirtiéndose así no solo en el cajero automático de las corporaciones públicas, sino también de los 78 municipios. Hoy podemos deducir, que la astronómica deuda que tiene el BGF, responde en parte a la emisión inescrupulosa de préstamos para obras municipales.

Con sólo hacer un leve recorrido por los diferentes municipios de la Isla, se puede evidenciar claramente el despilfarro de dinero en la forma de obras abandonadas e incompletas, que, cuatrienio tras cuatrienio, parecen multiplicarse junto a las promesas políticas de los incumbentes municipales.

Para la contralora de Puerto Rico, Yesmin Valdivieso, el problema con la malversación de fondos en los municipios lamentablemente es una práctica demasiado común, que amerita utilizar todas las herramientas disponibles en el Estado para fiscalizarlas.

No obstante, la funcionaria lamentó que muchos de los casos denunciados por la Oficina del Contralor de Puerto Rico no llegan hasta el foro judicial y, en demasiadas ocasiones, los implicados se van por la libre sin responder por sus actos.

‘Yo envío muchísimas cosas a Justicia, algunas que se dan. Con este secretario (César Miranda) es con quien más se han dado. Yo sí creo que tenemos un problema en el sentido que la Oficina de Integridad Pública, delitos económicos, y la Oficina del Contralor solo mira casos criminales, solo va a ver si hay cargos criminales’, explicó la titular.

‘Yo entiendo que necesita mucho empuje establecer nuevamente una oficina con fiscales dedicados solamente a esta Oficina que no solo vean lo criminal sino los casos civiles. No todo tiene que ser una sanción penal, pero hay ciertas cosas que en la medida que hay impunidad cuando se hacen, siguen pasando porque no se envía un mensaje claro de que si se incurre en irregularidades con el dinero del pueblo, va a tener que enfrentar la justicia’, añadió.

Valdivieso lamentó la falta no solo de recursos en su oficina, sino las limitaciones legales que le impiden intervenir con las agencias gubernamentales y los municipios.

‘Técnicamente nosotros podríamos allanar una alcaldía pero se le pudiera dar más poder al Contralor para fiscalizar. Ahora mismo quien tiene ese poder es el FEI y eso es cedido. Pudiéramos ir, entrar a una oficina y sellarla. Yo entiendo que técnicamente tenemos ese poder pero que lo hayamos ejercido, nunca’, indicó la Contralora.

‘Tenemos problemas con la falta de garras en estos casos porque a mi entender, con la crisis fiscal que tenemos, es más importante la restitución del dinero que inclusive meterlos presos, pero que se sepa públicamente que hicieron mal’, añadió en referencia a que muchos de estos casos quedan en la nada y el dinero malversado nunca se recupera.

Valdivieso lamentó que ya es uso y costumbre que los casos de malversación de fondos ventilados públicamente por la Oficina del Contralor de Puerto Rico, sean olvidados rápidamente luego de que salen reseñados en los medio y nunca concluyen con el encausamiento de servidores públicos sumidos en actos de corrupción y, mucho menos, en la restitución de los fondos malversados.

‘Casos tan tristes como cuando encontramos una directora de recursos humanos en un municipio que cuando chequeamos lo que hay en el expediente es un diploma falso porque chequeamos con la universidad. Cuando fuimos al alcalde, él se molestó porque ella era una persona de confianza. Vamos a Justicia y nos dicen que eso no son ellos, que es Ética Gubernamental y de repente se quedó ahí. La pregunta es si queremos una persona así trabajando con los recursos humanos de un municipio, hay que ver si ese alcalde fue el que le sugirió usar ese diploma falso’, dijo Valdivieso.

El Contralor de Puerto Rico tiene la función ministerial de examinar todos los ingresos, las cuentas y los desembolsos del Estado, de sus agencias, organismos y de los municipios, para determinar si se han realizado de acuerdo con la ley. Esta autoridad le fue conferida mediante la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en su Artículo III, Sección 22, y en la Ley Núm. 9 del 24 de julio de 1952, según enmendada. El cargo de Contralor lo ocupa Valdivieso desde el 1 de julio de 2010, por un término de diez años, conforme a lo dispuesto en la Constitución.

La Contralora entregó a este diario un extenso listado de casos auditados en municipios que mostraron un despilfarro de fondos públicos en obras sin utilidad. El equipo de NotiCel se dio a la tarea de seguirle el rastro a varios de estos casos y esta semana se publicarán nuestros hallazgos en la serie #Tuschavosbotaos.