El juez federal Francisco Besosa le bajó la velocidad esta tarde a la demanda de acreedores contra el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) al denegar una solicitud de interdicto que se había presentado esta mañana pidiendo una orden para paralizar los trabajos en la atribulada dependencia pública.

Besosa recibió hoy el caso radicado ayer, y esta tarde decidió sobre la solicitud de interdicto sometida esta mañana por el grupo de fondos de inversión encabezados por Brigade Leveraged Capital Structures Fund Ltd.

Besosa no concedió el interdicto por un defecto procesal ya que los demandantes no habían emplazado todavía al BGF.

Según la orden del juez, los demandantes tienen hasta este viernes para emplazar, y el BGF tiene hasta el 15 de abril para contestar la demanda y la solicitud de interdicto. Luego, el 19 de abril, habrá vista para que el BGF argumente por qué no se debe conceder la paralización de operaciones que solicitan los demandantes.

Según reseño NotiCel ayer, la demanda busca un cuadro muy similar a si al BGF se le hubiera nombrado un síndico en el sentido de que buscan que el tribunal entre a supervisar y controlar los movimientos de capital en el BGF para evitar el posible fraude a acreedores.

El proyecto de ley sometido ayer por la Administración García Padilla, y aprobado en el Senado, busca lo contrario, crear un nuevo esquema legal mediante el que cualquier sindicatura del BGF se realiza fuera del control judicial y con un mecanismo en el que sólo intervienen el Gobernador y el secretario de Hacienda para determinar a quién se le paga.

Besosa fue el juez que tuvo ante sí el caso de la llamada ‘ley de quiebra criolla’ y que la declaró inconstitucional, una determinación que está actualmente ante la revisión del Tribunal Supremo federal.