Luego que la corporación Walmart Puerto Rico radicara una demanda ante el Tribunal federal en contra del Gobierno estatal por la presunta inconstitucionalidad de la Ley 72, que eleva del 2 al 6.5% el impuesto que grava las compras entre sus empresas matrices y sus filiales en la Isla, la decisión de ese foro parece suspendida en el aire.

La mega corporación radicó el recurso la primera semana de diciembre del año pasado y el juez federal José A. Fusté pautó la vista preliminar para que comenzara el primero de febrero. La misma se extendió hasta el 5 de ese mes, cuando el togado se reservó el fallo y se retiró a deliberar.

Desde entonces, un mes y dos semanas después, la decisión de Fusté ha sido conspicua por su ausencia.

Durante el proceso de vistas para determinar si el Tribunal federal tiene o no jurisdicción para paralizar la imposición del estatuto, el Juez mostró premura en la exposición de evidencia por ambas partes. En solo cinco días, la batería de abogados de la mega corporación, liderada por Neal Manne, desfiló a más de 10 testigos, que incluyeron al secretario del Departamento de Hacienda (DH), Juan Zaragoza, y la directora del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta.

El recurso legal de 36 páginas sometido por Walmart, sostiene que la ley impuesta por el Gobierno de Puerto Rico viola la cláusula de comercio interestatal, la cláusula de igual protección y la ley de relaciones federales. Walmart asegura que el estatuto afecta sus operaciones en la Isla ya que aumenta el impuesto a pagar por compras hechas fuera de la Isla a sus subsidiarias a una tasa contributiva estimada de 91.5%.

En un momento dado, los abogados de la empresa aseguraron que no podrían mantener sus operaciones en Puerto Rico si el impuesto continúa vigente y tendrían que reconsiderar su presencia en la Isla si la ley prevalece.

La mega tienda comenzó a pagar los impuestos bajo la nueva ley en julio 2015 y, según sus estimados, tendrá que pagar 45.1 millones de dólares durante este año fiscal de no anular la ley.

Por su parte, Haciendahabía solicitado al Juez la desestimación del caso alegando que ese tribunal no tiene jurisdicción para atenderlo, a lo que el magistrado se negó. Durante todo el proceso, el juezFusté mostró una actitud impaciente con los abogados que representaban al gobierno local, en especial contra el licenciado José González Castañer.