Las negociaciones de la Autoridad de Energía Electrica (AEE) con suplidores convictos por delitos a nivel internacional fue el eje de la investigación durante las deposiciones del día de hoy, miercoles, durante las vistas que celebra la comisión senatorial que estudia las normas y procedimientos de compra y uso de petróleo en la corporación pública.

El primer turno del día les tocó a los funcionarios de la Administración de Servicios Generales (ASG), el contador José David Ríos, y la directora del Registro Único de Licitadores, Sandra Pérez Adorno.

De los documentos en poder de la Comisión, surge que la compañía suplidora Petrowest no tenía la solvencia necesaria para contratar con el gobierno y fue denegada en septiembre de 2008. Sin embargo, los directivos de la ASG permitieron que la compañía presentara unos estados financieros interinos para el periodo que terminó en diciembre de 2008, de los cuales no se expresa en la documentación que estuvieran auditados por un contador público autorizado, como exige el reglamento sobre licitadores.

De esos estados financieros surge que Petrowest logró bajar en tres meses sus pasivos corrientes de $13.6 millones a $7.1 millones, logrando la solvencia económica necesaria para contratar con el gobierno de Puerto Rico.

El segundo turno de deposiciones le correspondió a la oficial de compras en la división de suministros de la AEE, Natalia Martínez y a Roberto Betancourt, oficial de operaciones e infraestructura. Ambos manifestaron que el Registro Único de Licitadores y el de suplidores de la AEE son distintos por lo que el último no requiere una declaración jurada que acredite que el suplidor no ha sido convicto por delitos.

El licenciado Jorge Concepcion, quien se jubiló en febrero de 2016 y en su momento ocupó la silla de director de Asuntos Jurídicos de la AEE, aseguró que la corporación pública desconocía sobre las convicciones por delitos de los directivos de Vitol cuando le otorgó un contrato de suplido de combustible en diciembre de 2008.

La Autoridad demandó en el 2009 a Vitol por ocultar sus convicciones de delitos de corrupción a la hora de negociar con el gobierno. Sin embargo, ya se había publicado la noticia de la convicción de los ejecutivos de la empresa en los medios de comunicación para el 2007.

Finalmente, el tesorero de la AEE, José Hernández Colón, testificó sobre depósitos millonarios hechos a las cuentas bancarias de Trafigura por servicios prestados por Petrowest. Según el investigador César López Cintrón, Petrowest actuó como testaferro de Trafigura, compañía que se declaró culpable en Nueva York por el delito federal de contrabando utilizando aseveraciones falsas.