En un nuevo esfuerzo por hacer más accesible los servicios medicos a la población, líderes de organizaciones de pacientes, miembros de la clase medica y del sector de farmacias de la comunidad fundaron la Alianza Pro Acceso a Medicamentos para exigir a la Legislatura que se regulen los intermediarios sobre beneficios de farmacia de las aseguradoras.

Acompañados por pacientes, el colectivo advirtió el martes sobre los peligros que acechan a la medicina accesible la contratación de compañías al servicio de las aseguradoras que sirven como intermediarios para administrar los beneficios de farmacia.

Según los miembros de la Alianza, esta práctica limita ‘seriamente’ el acceso a los medicamentos. Para erradicarla, proponen la aprobación de una ley que fiscalice el desempeño de los intermediarios, como ocurre en 26 estados de Estados Unidos.

‘Estos intermediarios o Pharmacy Benefit Manager (PBM) han ido ampliando sus poderes y ya restringen el número de farmacias que pueden dispensar ciertos medicamentos, exigen pre autorizaciones, controlan la lista de medicamentos que cubren las aseguradoras y el precio que deben pagar a las farmacias por cada medicamento. Sin embargo, este tipo de empresas no es regulada por ningún ente gubernamental’, explicó la presidenta de Coopharma, Elda Sierra, una entidad que agrupa a más de la mitad de las 800 farmacias de la comunidad que existen en la Isla.

En el Senado existe el proyecto de ley 1372 radicado por el senador José Luis Dalmau. Sin embargo, los portavoces del grupo denunciaron que en la Legislatura no se ha tomado ningún tipo de acción ‘a sabiendas de que muchos de los pacientes ya han vivido la experiencia de ir a diversas farmacias de la comunidad onde los PBM’s establecen redes cerradas y no permiten que los pacientes obtengan los medicamentos en su farmacia de libre selección, lo cual violenta la ley de Farmacia’.

De igual forma se han evidenciado retrasos en el proceso de autorización de medicamentos que exceden el periodo de 72 horas establecido en sus contratos con las farmacias, lo cual puede resultar muy perjudicial en pacientes con condiciones críticas.

En el proyecto de ley, se establece la figura de un comisionado regulador de estos intermediarios para supervisar sus funciones. Este estaría adscrito al Departamento de Salud y los fondos para sufragar esa oficina provendrían de dicha industria y las propias farmacias, por lo que no representaría gastos adicionales para el Gobierno, aseguraron.

‘En ocasiones los pacientes tienen que viajar a otros municipios buscando alternativas para cubrir su necesidad. El acceso no debe ser restringido y sabemos que con los poderes que se han otorgado a estos intermediarios el balance final será una limitación de acceso a los pacientes quienes en ocasiones hacen malabares para poder cumplir con sus tratamientos’, expresó lavicepresidenta de servicio al paciente de la Sociedad Americana del Cáncer, María Cristy , en representación de diversas organizaciones de pacientes que apoyan la regulación propuesta.

La portavoz de la Alianza de Cooperativas de Salud y presidenta de la Cooperativa de Cardiólogos, Cardiocoop, doctora Norma Devarie, manifestó su preocupación por la práctica de muchos PBM que buscan sustituir medicamentos efectivos en el tratamiento de una condición por el mero hecho de ahorrar gastos a la aseguradora en detrimento de la salud del paciente.

Esta práctica se observa tanto en bioequivalentes como en medicamentos de marca lo cual impide o retrasa el acceso justo a medicamentos debido a procesos burocráticos. ‘Nuestros legisladores tienen la responsabilidad moral de garantizar un acceso justo y equitativo a la salud de los ciudadanos. Este asunto debe constituir una prioridad en la agenda legislativa más aún en los momentos que vivimos donde nos aquejan varias epidemias’, sentenció la galena.

El proyecto 1372 ya culminó su proceso de vistas públicas en septiembre por lo que estaba listo para bajar a votación y ser aprobado en noviembre de 2015. ‘Sorprendentemente aún no ha sido considerado en esta sesión y los pacientes no pueden esperar hasta la próxima sesión lo cual equivaldría a un año adicional’, sentenció Devarie.