El representante Manuel Natal Albelo presentó el lunes varias medidas para atender de forma inmediata la situación fiscal de Puerto Rico, con independencia de los trabajos que se llevan a cabo en este sentido en el Congreso de EE.UU.

‘Quiera o no reconocerlo el Gobierno estadounidense, la deuda de Puerto Rico tiene que ser reestructurada y no puede continuar siendo pagada en su estado actual’, defendió al presentar estas medidas el legislador del gobernante Partido Popular Democrático (PPD).

Añadió que ‘no podemos continuar en la espera por acción congresional mientras los bonistas siguen recibiendo su pago y el Pueblo de Puerto Rico sufre los recortes en servicios esenciales’.

‘No queda otra alternativa que obligar, por la vía legislativa, un detente al pago de la deuda gubernamental que no haya sido auditada’, argumentó.

Reconoció que ‘la suspensión en el pago de esta deuda resultará en el menoscabo de algunas relaciones contractuales’ con los bonistas.

Sin embargo, recordó que el Supremo de Puerto Rico ‘ha reconocido excepciones que justifican el incumplimiento de ciertos contratos del Gobierno, como el despido de 30,000 empleados públicos (en la anterior legislatura) o el reciente recorte de pensiones’ debido a la emergencia fiscal que atravesaba la isla.

En su opinión, ‘hoy perduran las mismas condiciones de emergencia fiscal’, por lo que defendió que ‘solo se debe pagar aquella deuda que tengamos certeza de su legitimidad y legalidad, y luego de asegurarnos que se estén pagando los servicios esenciales al pueblo’.

Para ello, propuso dotar de suficientes fondos a la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público para que pueda auditar la totalidad de la deuda y, después, ‘proceder a la reestructuración de la que la Comisión estime fue emitida legalmente y legítimamente’.

‘La Comisión facilitaría la auditoría de una deuda que, según nuestro primer ejecutivo ha reiterado en meses recientes, puede ser inconstitucional’, defendió Natal Albelo.

El legislador también presentó hoy una resolución para que la Asamblea Legislativa exprese su rechazo a la imposición de cualquier organismo de control fiscal del Gobierno federal de EE.UU. -tal y como pretende Washington- ‘por atentar contra la democracia en Puerto Rico y cuyo único fin sería proteger los intereses financieros de los bonistas’.

‘Los fondos buitres que han comprado influencia en el Congreso de EE.UU. para adelantar la creación de alguna junta de control fiscal sobre Puerto Rico, y también pagarán para controlar los nombramientos a esa junta’, argumentó.

A su juicio, ‘una junta fiscal de Wall Street que actúe a favor de los intereses del Pueblo de Puerto Rico sería contrario a su naturaleza’.