Sus páginas en las redes sociales permanecen abiertas para el escrutinio público. En la red social LinkedIn, Anaudi Hernández, se describe como ‘socio’ de una empresa de consultoría mientras que su página de Facebook el empresario luce sonriente junto a su esposa en un viaje al exterior.

Pero esta realidad virtual de Hernández, antiguo recaudador e ‘íntimo amigo’ del gobernador Alejandro García Padilla, contrasta diametralmente con su condición de acusado federal y, posible convicto, si el empresario se declara culpable de cargos de corrupción durante una vista programada para hoy, jueves, ante el juez federal Pedro A. Delgado.

Algunas versiones extraoficiales apuntan a que Hernández, una de las personas más allegadas a las figuras de poder del Partido Popular Democrático (PPD), está dispuesto a cooperar con las autoridades a cambio de una pena leniente.

La acusación federal

El arresto de Hernández el pasado 3 de diciembre sacudió los cimientos del PPDy levantó una serie de interrogantes sobre la Administración García Padilla debido a los vínculos que se podían establecer entre otros nueve ciudadanos acusados en el mismo caso de corrupción gubernamental.

En síntesis, Hernández supuestamente orquestó tres esquemas de venta de influencias a cambio de $2 millones en contratos en la Administración de Derecho Laboral (ADL), la Cámara de Representantes, y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

El acusado, que enfrenta unos 30 años de cárcel y la confiscación de una mansión valorada en $4 millones, aparentemente contó con la colaboración de figuras claves en la Rama Ejecutiva y Legislativa para poder cometer una serie de delitos de soborno, extorsión, lavado de dinero y fraude electrónico entre el 2012 hasta el día de su arresto.

Sally López: protagonista de controversias

Entre los acusados figura una allegada de García Padilla, Sally López Martínez, quien al momento de su arresto se desempeñaba como directora de Servicios al Ciudadano de la Fortaleza luego dirigir la Administración de Derecho Laboral (ADL) hasta que la dependencia fue absorbida por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) mediante un plan de recortes en marzo de 2014.

López Martínez, quien cobró notoriedad a mediados de 2013 por una serie de fotos íntimas filtradas en las redes sociales, había sido nombrada en ADL a pesar de serios cuestionamientos del Senado por demandas que se habían radicado en su contra por una propiedad. De la acusación federal también se desprende que Hernández había cabildeado a favor del nombramiento de López Martínez en ADL y que esta supuestamente había firmado contratos para empresas de Hernández con relación a la celebración de ferias de empleo.

La funcionaria protagonizó otras controversias cuando se aumentó el sueldo de $84,000 a $90,000 en medio de la crisis fiscal y cuando contrató a Rosa H.Vicente, esposa del presidente de la Cámara, Jaime Perelló Borrás, como ayudante especial, devengando un salario de $62,000 anuales.

El resto de los acusados

Las autoridades federales alegaron que los tentáculos de Hernández se extendieron a la Cámara de Representantes mediante la contratación de un servicio telefónico. Las autoridades federales arrestaron al administrador del cuerpo, Xavier González, el ayudante Glenn Rivera Pizarro, y el exdirector de Informática de la Cámara, Víctor Rafael Burgos. En la redada también cayeron la directora de Compras de la AAA, Sonia Barreto, la exvidepresidenta de la corporación pública, Ivonne Falcón, el exprecandidato a la alcaldía de Moca por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Javier MuñizÁlvarez y el empresario Carlos Luna. Las funcionarias de la corporación pública que aparentemente cabildearon a favor de un contrato de Hernández, recibieron regalías y dinero para saldar cuentas, según aseguraron las autoridades.

Anaudi: desde testigo a acusado

Hernádez fue uno de varios ciudadanos que testificó en contra del juez Manuel Acevedo Hernández, quien cumple una pena de cárcel por haber alcanzado un acuerdo para archivar un caso de homicidio negligente contra el excontador público autorizado, Lutgardo Acevedo López, para poder ser nominado al Tribunal de Apelaciones.

Durante su testimonio en ese juicio, Hernández se había descrito como un amigo del hermano del Gobernador, el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla.

Pero, al emitirse la acusación federal, trascendieron detalles sobre la estrecha relación que el acusado sostenía con el Primer Ejecutivo y su otro hermano, el vicepresidente de la aseguradora Medicare y Mucho Más (MMM), Luis Gerardo García Padilla. Las autoridades aseguraron que Hernández le enviaba al ejecutivo resumés de personas para ser nombradas en posiciones de confianza dentro de las agencias gubernamentales y que pedía el despido de funcionarios vinculados al PNP.