El senador Orrin Hatch, propulsor de un organismo que ejerza control sobre las finanzas de Puerto Rico como remedio a la crisis fiscal, presentó a la Administración García Padilla preguntas difíciles de contestar sin admitir una desatención que raya en negligencia en los temas de los fondos de retiro y la reorganización gubernamental.

Esto porque las preguntas no sólo van a conseguir la entrega de una información, sino porque también van a cuestionar el juicio que ha tenido la Administración en el manejo del presupuesto, la reorganización del Gobierno y la reforma de los Sistemas de Retiro.

Hatch pide un desglose de cuánto presupuesto se ha asignado en cada uno de los últimos cinco años a las áreas de salud, vivienda y ayuda social, educación y pago de la deuda. Específicamente, se detiene en el Departamento de Educación, que se lleva una cuarta parte del presupuesto, para cuestionar si en esa área ‘han mejorado recientemente los controles de costos y gastos’, si es cierto que tiene 40% menos estudiantes pero 10% más maestros que hace una década y si ha ayudado en algo la ‘asistencia técnica’ que ha dado la Rama Ejecutiva federal a la Administración en esa área.

A la luz de que la insuficiencia en los Sistemas de Retiro eleva la deuda oficial de Puerto Rico de unos $72,000 millones a unos $117,000 millones, Hatch pregunta qué se ha hecho, si algo, para reformar los Sistemas de Retiro después de que temprano en esta Administración el Tribunal Supremo tomara la decisión de limitar la reforma de las pensiones de los jueces y de revocar algunos elementos de la reforma de pensión de los maestros. La respuesta que tendría que dar la Administración, a menos que hayan hecho algo sin decirlo a nadie, es nada.

Por la misma línea pregunta si los bonos y pagos adicionales que se han legislado a favor de los pensionados siguen en pie o si han cambiado y también cuánto de la deuda de los sistemas es en la forma de los préstamos que se han dado para propósitos personales, culturales, hipotecarios o de viaje.

‘La cantidad ($117,000 millones) sería, por muchos múltiplos, la más grande jamás contemplada para un procedimiento de quiebra tipo Capítulo 9 en la historia de este país’, puntualizó Hatch.

Sobre los estados financieros, no sólo solicita que se produzcan con una opinión favorable de parte de los auditores, sino que se pide que de igual forma se produzcan los estados auditados de los Sistemas de Retiro y que se identifique cuáles son las agencias y componentes del Gobierno que no han entregado sus estados financieros a tiempo.

La carta del miércoles también le solicita al Gobernador que asuma postura sobre dos de las recomendaciones hechas en el Informe Krueger: la aplicación del salario mínimo federal en la Isla y el sistema de ayudas sociales que resulta en que una persona en ayudas sociales pueda recibir más dinero que una persona que está trabajando a salario mínimo.

La carta estipula que las respuestas deben remitirse para el 1 de marzo.

Carta de Orrin Hatch, 10 de febrero de 2016 – NotiCel_17386