Al filo del mediodía, hora local, comenzó la vista congresional que discutió la necesidad de crear una autoridad de estabilidad financiera y crecimiento económico de Puerto Rico.

La audiencia convocada por la Subcomisión de Asuntos Indígenas, Insulares y Nativos de Alaska de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal contó con la participación de expresidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Carlos García; el exalcalde de Washington DC,Anthony A. Williams; Thomas Moers Mayer, abogado de la firma Kramer Levin Naftalis & Frankel, LLP en representación de los bonistas; el profesor de economía global de MIT, Simon Johnson; y Eric LeCompte, de Jubilee USA, organización que representa el sector religioso.

La discusión durante la vista se centró en los poderes que pudiera tener una junta federal nombrada por el Congreso sobre las finanzas y otros aspectos gubernamentales en la Isla. Todos los ponentes de una u otra forma avalaron la creación de una autoridad independiente que ponga las finanzas de la Isla en orden. Sin embargo, el alcance de poderes de la autoridad, la capacidad para restructurar la deuda y la representación adecuada de los residentes de Puerto Rico fueron los puntos más álgidos en la discusión.

El abogado de los bonistas, Moers Mayers, afirmó que si se le permite al gobierno local reestructurar la deuda bajo el Capítulo 9 o alguna otra forma se le cerraría definitivamente a Puerto Rico el acceso a los mercados financieros. Señaló que la reestructuración de la deuda no traería reformas al comportamiento presupuestario gubernamental ni daría liquidez por el tranque en los mercados. Moers Mayers abogó por una autoridad fiscal independiente que sea el cedazo para la asignación de fondos federales a Puerto Rico.

El profesor Johnson argumentó que al Puerto Rico no ser un estado, el Congreso no estaba limitado en asignarle facultades a una autoridad fiscal para reestructurar la deuda del gobierno de una forma más abarcadora que lo que son capaces de hacer los 50 estados. Johnson sugirió que tanto la deuda de las corporaciones públicas como la deuda general fuera objeto de reestructuración, algo a lo que se opuso tenazmente Moers Mayers. Según Johnson, es imperativo que la legislación que se apruebe entre en vigor para el mes de marzo pues es inminente un descalabro fiscal a finales de julio.

Al llamado de una opción de reestructuración de la deuda se unieron el comisionado residente Pedro Pierluisi y LeCompte, además de la congresista Nydia Velázquez, quien señaló que el gobierno ha tomado medidas de austeridad que han sido insuficientes. Por su parte, el exalcalde Williams, expresó que es necesario poner las finanzas de la Isla en orden antes de considerar cualquier tipo de reestructuración de deuda.

Los congresistas Luis Gutiérrez y José Serrano culparon al estatus de la Isla por la situación fiscal que enfrenta Puerto Rico, mientras que Raúl Labrador apoyó el nombramiento de una junta fiscal a la vez que expresaba cierta reserva sobre el acceso al Capítulo 9.