Mientras la mayoría posa su mirada esta semana en las discusiones sobre Puerto Rico que se van a desarrollar en el Congreso y el Tribunal Supremo federal, acá en San Juan, y bajo el manto de una orden de mordaza, se desarrolla un proceso de descubrimiento de prueba donde el Gobierno de Puerto Rico y sus asesores tendrán que poner sobre la mesa toda la información sobre la crisis financiera y la deuda pública que hasta ahora han escondido con evasivas.

Se trata del descubrimiento de prueba en la demanda que Wal-Mart Puerto Rico sometió contra el Departamento de Hacienda para retar la constitucionalidad del nuevo impuesto sobre ‘transfer pricing’ que, según la multinacional, se queda con prácticamente todas sus ganancias y que supuestamente los obligaría a reconsiderar si mantienen o no sus operaciones en Puerto Rico.

El pleito, que ya tenía importancia en sí mismo, acumula aún más ahora por la orden del juez federal José A. Fusté sobre el ámbito del descubrimiento de prueba y por expresiones como la de la gerencia de las tiendas GameStop que, al anunciar ayer el cierre de sus operaciones en la Isla para marzo, aludió al supuesto peso de las imposiciones contributivas de la Isla en sus operaciones.

Con su orden, Fusté puso el caso de Wal-Mart en patines con un programa corto de descubrimiento de prueba y propinó un golpe a Hacienda ya que adoptó el plan de la multinacional en vez del plan de la agencia.

El plan de la agencia hubiera entrado en las políticas de movimiento de capital de Wal-Mart, incluyendo el hecho recientemente publicado por NotiCel de que los flujos financieros de la operación de Puerto Rico se mueven a una filial ubicada en Luxemburgo, considerado un paraíso fiscal.

Pero el juez cortó eso porque entiende que no es pertinente a la constitucionalidad de la ley sobre el ‘transfer pricing’ aunque, por otro lado, permitió todo el plan de descubrimiento de Wal-Mart con el que la multinacional gana acceso, no sólo a personal de Hacienda, sino a los documentos y trabajos de los consultores KPMG y Conway MacKenzie, así como a los del Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica bajo el cual la Administración García Padilla ha colocado el control de las finanzas públicas ahora que se ha entrado en un proceso de impago de deuda.

El argumento principal que buscaría Wal-Mart en su descubrimiento es todo lo relacionado a la capacidad de Hacienda para reintegrar sus contribuciones si el tribunal fallara que se le tiene que devolver lo cobrado bajo el impuesto de ‘transfer pricing’. Pero, también, se alude al hecho de que todavía el gobierno no ha presentado sus estados financieros auditados.

De hecho, Fusté específicamente permitió que Wal-Mart buscara de KPMG los borradores de los informes financieros auditados que el gobierno todavía no ha publicado, así como cualquier comunicación sobre por qué no se han publicado. El Grupo de Trabajo tendrá que divulgar los cambios que han hecho en el presupuesto y la información base que han usado para concluir que Puerto Rico no tiene acceso a los mercados y que los reintegros no se podrán pagar por ahora. Conway MacKenzie tendrá que responder por su ‘proyección de liquidez’. Hacienda tendrá que entrar en el detalle de su proceso de reintegros, incluyendo lo que ocurrió en años recientes, lo que está ocurriendo en el año contributivo actual, las fuentes de fondos para pagar reintegros y lo que ha ocurrido con otros reintegros objeto de reclamaciones, como los de las compañías Philip Morris e Island Security Services.

‘Esto es un caso importante no sólo para Wal-Mart PR, sino también para todo el pueblo de Puerto Rico’, dijo el juez en su orden del 7 de enero en el que dictamina cómo se realizará el descubrimiento de prueba a partir de esta semana y que incluye deponer a secretario de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez, y a la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, y Principal Oficial Financiera del gobierno, Melba Acosta Febo.

A pesar de la importancia que el propio juez Fusté propone que el caso tiene para el pueblo, el 5 de enero emitió una orden de confidencialidad y mordaza para que, por un lado, las partes puedan marcar como confidencial de manera unilateral la información que produzcan para el caso y, por el otro, prohibe a las partes divulgar o comentar el caso públicamente.

Por tanto, la información financiera y los planes del gobierno cuya publicidad se ha reclamado tanto en Puerto Rico como en el propio Congreso, quedará fuera del acceso del público a menos que se introduzca en el récord público del caso, o que el tribunal revoque la designación de confidencialidad de las partes.

Vea también:

Al descubierto cómo Walmart PR saca dinero a paraíso fiscal (documento)

Orden de Fusté sobre descubrimiento de prueba Wal-Mart – NotiCel_16801

Plan de descubrimiento de prueba Wal-Mart – NotiCel_16802