El abogado estadista Gregorio Igartúa acusó al procurador general de Estados Unidos, Donald Verrilli, de escribir medias verdades y tratar de confundir al Tribunal Supremo federal sobre el tema del estatus en el alegato que sometió como amigo de la corte en el caso Sánchez Valle.

Igartúa, quien lleva años estudiando el tema delestatus y ha llevado varios casos ante los tribunales federales sobre el asunto, tiene un caso pendiente en el Tribunal del Primer Circuito de Boston que busca que los puertorriqueños puedan escoger cinco representantes al Congreso. Un panel de jueces de Boston le dio una audiencia el 3 de noviembre.

Igartúa plantea que la estrategia de Verrilli es tratar de lograr preeminencia (preemption) sobre el caso de representación congresional ante el Primer Circuito, por lo que pidió a ese tribunal intermedio que aplicara las reglas y rechazara la validez de sus argumentos, los cuales catalogó de ‘ilegales, antiéticos y discriminatorios’.

Verrilli, de hecho, planteó en su escrito al Tribunal Supremo que el gobierno federal tiene interés en ser oído en el caso Sánchez Valle porque lo que se determine puede afectar la forma en que se manejan ‘la legislación y políticas federales relacionadas a Puerto Rico a lo largo de un campo amplio de áreas sustantivas, incluyendo representación congresional, beneficios federales, impuestos federales, quiebras y la defensa’.

El caso de Puerto Rico v. Sánchez Valle trata sobre si una persona convicta por el tribunal federal puede ser procesada por el mismo delito en un tribunal puertorriqueño, pero puede ser el caso que redefina la relación política de los Estados Unidos con Puerto Rico.

Verrilli pidió al Supremo que decrete que Puerto Rico es un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso por lo que una persona convicta en un tribunal federal no puede ser procesada por el mismo delito en un tribunal puertorriqueño. De esa forma, el Procurador General se opuso a argumentos del Estado Libre Asociado (ELA) de que en el 1952, cuando la Isla aprobó su Constitución, hubo un cambio en la relación con los Estados Unidos en la que Puerto Rico se convirtió en una entidad autónoma con su propia Legislatura y libertad de escribir leyes propias, incluyendo leyes penales. Un grupo de estadistas que incluyen exsecretarios de Justicia y exgobernadores se unieron a ese reclamo.

Por otra parte, el Departamento de Justicia local argumenta que luego del 1952 Puerto Rico dejó de ser territorio al crear su propia Constitución por lo que existe una soberanía dual.Igartúa asegura que tanto la postura de Justicia como quienes alegan que Puerto Rico es un territorio son erróneas.

‘Toda esa gente que quieren decir que el ELAno existe diciendo que la Constitución (del 1952) no es válida están erróneos’, dijo Igartúa.Según el abogado estadista, la propia Constitución del ELA-autorizada por el Congreso- establece la preeminencia de las leyes federales sobre las estatales y eso es lo mismo que establecen las constituciones de los otros estados por lo que Puerto Rico tiene una relación con los Estados Unidos que es similar a la que tienen los estados y que sigue una ruta hacia la estadidad.

‘La relación federalista entre Puerto Rico, actuando como un estado y el Gobierno Federal siguió el mismo camino hacia la condición de Estado establecido por el Congreso desde la Ordenanza del Noroeste (Northwest Ordinance), y no ha habido precedente de cese o anulación de dicho proceso de incorporación en ningún territorio’, dice Igartúa en su escrito a Boston.

En cuanto a los argumentos que levantó Verrilli de que Puerto Rico no tenía soberanía antes de convertirse en territorio americano, Igartúa recordó que la Constitución española del Siglo 19 convirtió a Puerto Rico en una provincia española en la cual se le concedió ciudadanía española a los puertorriqueños y el derecho a escoger 100 diputados y senadores para el Parlamento español por lo que Puerto Rico -en sentido legal- había dejado de ser colonia.