La Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico recibió la notificación del Tribunal Supremo de Estados Unidos de acoger la solicitud de Amicus Curiae en el caso de la Ley de Quiebra criolla, recurso legal que fue elaborado por el profesor Jose Nieto y un grupo de estudiantes que aceptaron el reto a petición de varias fundaciones y organizaciones sin fines de lucro.

El profesor Nieto indicó que el grupo de fundaciones y organizaciones sin fines de lucro de Puerto Rico solicitó intervenir en el pleito para destacar el impacto negativo que tendría sobre este sector, los individuos y las comunidades a las que sirven. A eso se le suma el deterioro económico que se agudizaría aún más ante la ausencia de un estatuto local que permitiera la quiebra de las corporaciones identificadas en la Ley, añadió.

Luego de reunirse con los directivos de las fundaciones y organizaciones, se acordó convocar a los estudiantes interesados en colaborar en la investigación de manera voluntaria y la respuesta fue extraordinaria, logrando que más de cuarenta estudiantes respondieran a la convocatoria. ‘El trabajo intenso y de excelencia encabezado por el profesor Nieto y sus estudiantes fue clave para que se tomara en cuenta la solicitud de las fundaciones y organizaciones sin fines de lucro de Puerto Rico’, expresó la Decana Vivian Neptune.

La Fundaciones y Organizaciones sin fines de lucro que ahora serán amigos de la corte son: Fundación Angel Ramos, Fundación Comunitaria de Puerto Rico, Miranda Foundation y Titin Foundation junto a las siguientes organizaciones: Iniciativa Comunitaria de Investigación, Fundación Síndrome Down, Corporación de la Fondita de Jesús, Asesores Financieros Comunitarios, Crearte Inc., Alianza Laura Aponte por la Paz Social (ALAPAS), Fundación Chana Goldstein y Samuel Levis, Politécnico Amigó, Instituto Especial para el Desarrollo Integral del Individuo, la familia y la Comunidad Inc. y Proyecto Nacer Inc.

La solicitud de Certiorari ante el Tribunal Supremo federal fue presentada inicialmente por la Procuradora General, Margarita Mercado para reclamar se revise la determinación del Primer Circuito de Apelaciones en el caso Puerto Rico versus Franklin California. Esa decisión confirmó al Tribunal de Distrito Federal de Puerto Rico que declaró inconstitucional la Ley Núm. 71 de 2014 para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico.

Las probabilidades de que el Supremo federal acoja una solicitud de este tipo, son muy bajas, aseguraron en comunicado de prensa. Los estudiantes Francisco Cabrera, Teichka Rodríguez, Edgar Villanueva y Benito Rodríguez colaboraron con la radicación del recurso. También se destaca la participación de Manuel Carretero, Leticia Ruiz, Juan Avilés, Philippe Beauchamp, Manuel Martin, Mónica Rivera, Iván Lolou, Viviana Juarbe, Juan Alvarez, Amarys Bolorin, Eduardo Torres, Carlos Carrión, Javier Sevillano, Alvaro Morales, Aurora Hernández, Natalia Vila , Iván Sánchez, Christian Torres, Stephen Romero, Manuel Figueroa, Ricardo Raola, Alfredo Cintrón, Javier Figueroa, Juliana Rivera, Katerina Huertas, Christian López, Jennymar Cañón, Orlando Velázquez, Effie Acevedo y Omar Andino, siendo todos estudiantes de la Escuela de Derecho de la UPR.