Entrando por la Calle Antonsanti, al lado del Museo de Arte de Puerto Rico, quedan solo dos casas de lo que era el Barrio San Mateo de Cangrejos en Santurce, y cuyas dueñas llevan 15 años resistiendo los intentos del gobierno por expropiar sus hogares.

La lucha contra lo que se conoció como el proyecto de ‘Revitalización de Santurce’ ha afectado emocionalmente a este trío de mujeres al punto de que una de ellas, Juana Laura Lasanta, quedó en estado catatónico para el 2006 provocado por los temores y miedos ocasionados por el proceso de expropiación. Su hija, Amarilys Lasanta, es cuadrapléjica y vive sus días postrada en una cama. Ambas están bajo el cuidado de Laura Lasanta, quien se retiró de maestra para ciudarles.

Laura relató que todo comenzó en el 2000 cuando personas dejaban tarjetas en su hogar expresando interés en comprar su propiedad. ‘Yo las botaba’, rememoró.

Un día, mientras almorzaba con una compañera, escuchó a dos hombres en una mesa contigua decir que el gobierno tendría que expropiar las residencias del área porque las personas no iban a querer vender.’Eso me llamó la atención, pero volvió a caer en el olvido…Hasta que me tocó a mí. El 15 de noviembre del 2001, vino un caballero que trabajaba para una compañía privada contratada por el Departamento de la Vivienda y nos dijo que teníamos seis meses para abandonar la casa porque las propiedades iban a ser expropiadas’, relató. En ese entonces, Sila Calderón era gobernadora, e Ileana Echegoyen, secretaria del Departamento de la Vivienda.

En un principio, los residentes desconocían las motivaciones tras las expropiaciones forzosas hasta que los periódicos revelaron que se trataba de un plan para ‘revitalizar’Santurce. Sin embargo, los planes del gobierno eran construir costosas unidades de vivienda y establecimientos bajo el alegato de que cumplían con un ‘fin público’ porque densificarían la zona, aumentando el flujo vehicular y peatonal.

‘La historia detrás de la historia era eliminar la comunidad porque no estaba a tono con lo que proyectaban’, afirmó Laura.

Los vecinos se unieron para luchar contra las expropiaciones pero con el paso del tiempo atrás quedaron los gritos de ‘Santurce no se vende’ y un centenar de residentes optó por irse del área.El gobierno también dejó a un lado la idea construir hogares de lujo y ahora planifica hacer un parque de automóviles. Sin embargo, el complejo de viviendas Ciudadela se pudo construir debido a las expropiaciones.

En la Legislatura descansa el proyecto de la Cámara 2321, que enmiendaría la Ley de Expropiación Forzosa para que los ciudadanos afectados por estos procesos puedan asegurarse que no redunde en beneficio de intereses privados y sea objeto de escrutinio en los tribunales. Esto se haría añadiendo un requisito de una vista judicial previo a la declaración de utilidad pública. La medida persigue, además, que en caso de que se trate de un desarrollo privado se cuente con el aval de la comunidad.

La familia Lasanta, sin embargo, todavía sufre de lo que llamó un proceso traumático para mantener su propiedad porque está cerca de doctores y hospitales.

A modo de ejemplo, la maestra retirada alega que en un principio los documentos judiciales no le llegaban a su casa y tenía que ir regularmente al Tribunal para revisar el expediente del caso. La abogada que tenía inicialmente dejó el caso poco antes de una vista por diferencias de opiniones.

El gobierno le ofreció a la familia otra residencia en el área pero la misma no cumplía con requisitos requeridos para acomodar personas con discapacidad. Posteriormente, se les ofreció otra propiedad que era de dos pisos pero la misma estaba en pésimas condiciones y tampoco cumplía con el American Disabilities Act (ADA).

A pesar de que Laura rechazó la propiedad de dos pisos, el gobierno procedió a hacerle arreglos a la misma. Una ingeniera estructural, no obstante, certificó que había que demoler la vivienda para construir otra.

El gobierno está ofreciendo unos $193 mil por las dos propiedades como justa compensación. Aunque el Tribunal todavía no ha emitido una decisión sobre la expropiación, el Departamento de Justicia ya solicitó una orden de desalojo.

El abogado de la familia, Jesús Hernández Sánchez, dijo que el secretario de Justicia, César Miranda, ‘actúa de mala fe’ porque aunque se estuvo negociando para conseguirle otra propiedad a su clienta, las que ofrecieron no cualificaban bajo la ley ADA.

‘Toda persona, cuando le expropias tienes que hacer acomodo… Tiene que tomar medidas humanas. No puede lanzar a una persona así’, dijo al referirse a los problemas de incapacidad de sus clientas.

El abogado se opuso a la moción de lanzamiento de Justicia debido a que la ley que dio base a las expropiaciones de casas en San Mateo es inconstitucional. Esas leyes fueron enmiendas aprobadas bajo la administración de Calderón.’Yo radiqué un alegato señalando que fue una indebida autoridad que el Legislativo dio al Ejecutivo porque le da un poder absoluto a Vivienda’, declaró el letrado.

Para que el gobierno, un municipio o una corporación pública o un Departamento del Ejecutivo pueda expropiar propiedad privada tiene primero que establecer que la propiedad a expropiarse será dedicada para una utilidad pública o para el bien común, detalló.

Según Hernández Sánchez, cuando el Departamento de la Vivienda va a expropiar, debe de hacerlo para construir vivienda de bajo costo. ‘La ley que mandóSila a la Legislatura la usaron para eliminar el Barrio San Mateo, que eran como 300 viviendas, para reemplazarla por condominios de lujo cuyos precios no son de bajo costo. Eso viola la propia ley orgánica de Vivienda’, dijo. ‘Una de sus funciones es construir vivienda de bajo costo no para gente de clase media o profesionales’, sostuvo.

Vivienda hizo un contrato de compraventa con una compañía privada para que hiciera viviendas de lujo al estilo de Ciudadela, edificio cercano a la comunidad, informó el letrado.

El abogado también levantó la defensa de que la propia ley de expropiación del 1903 prohíbe al gobierno o municipio que expropia para construir algún proyecto con fin público cambiar el propósito de la expropiación original.’Como no pudo llevarse a cabo la transacción, ahora quieren otra construcción distinta. Quieren hacer un parque de automóviles. Eso viola la ley de expropiación’, insistió.

Aunque el Tribunal ha determinado que el proyecto tiene un fin público, el abogado alega que eso es algo apelable.También destacó que su clienta no ha renunciado a su derecho de impugnar lo que se hará con el área.

Hernández Sánchez negó rumores de que el multimillonario Nick Prouty, dueño de Ciudadela quien se mudó a Puerto Rico en el 2012 para beneficiarse de la ley de Inversionistas millonarios, esté detrás de la expropiación de su clienta. Prouty no vivía en Puerto Rico cuando las expropiaciones comenzaron.

‘Yo me reuní con él. Él está dispuesto a ayudar a la familia. Prouty no está detrás de la expropiación. Es el gobierno el que quiere sacarla’, aseguró.

NotiCel no pudo obtener comentarios de Prouty de forma inmediata. Sin embargo, una fuente dijo que como parte del proyecto de Ciudadela -comprado por la firma de Prouty, Putnam Bridge, en el 2012- se ha propuesto construir un parque para conectar la plaza de Ciudadela con el Museo.