Los resultados de la primera evaluación de los servicios de salud mental en el país bajo los criterios del Instrumento de Evaluación para Sistemas de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (IESM-OMS), realizado por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, reveló la necesidad de revisar la manera en que se asignan los limitados fondos para atender a esta población.

En el año fiscal 2011-2012, solo un 10% del presupuesto del Gobierno destinado para la saludse invirtió en la prestación de servicios de salud mental. De ese 10% utilizado en los gastos de prestación de servicios de salud mental, el 15% terminó en los hospitales psiquiátricos estatales.

Sin embargo, los investigadores llamaron a la atención que la mayor demanda de servicios se da en los centros de tratamiento ambulatorio y no en los hospitales psiquiátricos. De hecho, destacaron que en el 2012 solo se utilizó el 68% de las camas de psiquiatría autorizadas, y que entre el 2008 al 2012 hubo una disminución de 3% en las camas utilizadas. En los centros de tratamiento ambulatorio, 30% de los pacientes atendidos tenían menos de 18 años de edad. Además, se indicó que un 45% de los pacientes tratados en los centros ambulatorios fueron diagnosticados con trastornos del estado de ánimo.

De otro lado, el estudio planteó la interrogante de acceso a los hospitales psiquiátricos para toda la población. En concreto indicaron que el ‘47% de las camas de psiquiatría en el país estaban ubicadas en o cerca de la ciudad más grande (San Juan). Poniendo esto en contexto, hubo 87.9 camas psiquiátricas por cada 100,000 habitantes de San Juan, mientras que hubo 19.6 camas psiquiátricas por cada 100,000 habitantes en Puerto Rico. Dicha distribución de camas impide el acceso a los usuarios que provienen de zonas rurales’.

En otros aspectos, el informe expone las restricciones que tienen los médicos primarios a la hora de prescribir medicamentos psicotrópicos. Argumentaron que al no haber un documento que estipule la política pública sobre salud mental más allá de las leyes 408 y 183, no existe una lista única de medicamentos esenciales.

‘Cada aseguradora delinea una lista de medicamentos preferidos que su red de proveedores de salud puede prescribir’, puntualizaron.

Entretanto, recomendaron que se eduque sobre salud mental a otros profesionales, por ejemplo, policías y jueces. También, sugirieron que se indague sobre la emigración de profesionales del campo de salud mental.

La doctora Idania Rodríguez Ayuso, gerente senior de Proyectos Estadísticos del Instituto, manifestó que ‘además de brindarnos un panorama más claro sobre el sistema de salud mental en Puerto Rico, los resultados de esta evaluación nos permiten conocer qué datos están disponibles y ayudarnos a identificar nuevas formas para mejorar el proceso de recopilación y análisis de los mismos’.

Rodríguez Ayuso explicó que el estudio no incluyó datos sobre la población atendida con fondos privados, porque no respondieron a la encuesta.

La OMS recomienda que se haga esta evaluación cada 5 años. En este primer estudio participaron Rodríguez Ayuso, Kimberley Geerman, Mabel Hernández, y Francisco Pesante.