Amnistía Internacional Sección de Puerto Rico (AIPR) pidió el jueves un mecanismo independiente para supervisar la Policía de la isla caribeña, sumándose así a la solicitud en ese sentido de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en ingles).

‘Un elemento central de la reforma de la Policía de Puerto Rico, y de cualquier intento de asegurar prácticas policíacas conformes con los derechos humanos, es la supervisión y la rendición de cuentas adecuada’, señaló a través de un comunicado el director ejecutivo de AIPR, Pedro Santiago.

Recordó que según un estudio de 2010 de la Relatoría Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias uno de los factores prevalentes en países con altos niveles de abusos policíacos es la impunidad, que se da, apuntó, cuando la Policía se investiga a sí misma y no existen mecanismos de rendición de cuentas independientes.

La corrupción y otras malas prácticas cometidas en el seno de la Policía boricua llevó en 2013 a que EE.UU., del que Puerto Rico es un Estado Libre Asociado, firmara un acuerdo con el Gobierno de la isla para la reforma de las fuerzas de seguridad locales.

‘Es difícil confiar en una investigación que únicamente se lleva a cabo dentro de la misma entidad. Entendemos que la supervisión e investigación por mecanismos dentro de la Policía es de suma importancia para fomentar una cultura de rendición de cuentas interna’, sostuvo hoy Santiago.

El presidente de la junta directiva de AIPR, Osvaldo Burgos, señaló por su parte que la supervisión independiente de la Policía no solamente es de beneficio para la sociedad, sino también para las mismas fuerzas de seguridad.

‘Aunque sabemos que muchas veces hay resistencia por parte de la Policía en abrirse y permitir una supervisión externa la creación de dicho mecanismo puede ser un paso grande en establecer confianza de la sociedad civil hacia ese cuerpo’, indicó.

Burgos sostuvo que la creación de un mecanismo independiente de supervisión de la Policía requiere voluntad política que no se ha visto hasta ahora.

‘Sería un paso hacia una nueva visión de la Policía y como se consigue una seguridad real en Puerto Rico. Porque si el pasado nos ha enseñado algo es que la mano dura no funciona’, concluyó.

La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de EE.UU. había demandado a la Policía de Puerto Rico en diciembre de 2012.

El informe que sostuvo la denuncia señalaba que entre 2005 y 2010 casi 2,000 agentes de la Policía local fueron acusados de delitos como tráfico de drogas, agresiones físicas y de carácter sexual contra la población.