El representante Manuel Natal Albelo informó el miercoles que radicó un proyecto de ley que obligaría a los convictos de delitos de fraude, corrupción y cualquier otro delito contra el erario público, devolver los fondos públicos que sus acciones provocaron que se perdieran, más intereses.

‘Puerto Rico ha sufrido múltiples transgresiones a manos de funcionarios públicos que abusaron del poder gubernamental y la confianza depositada en ellos. A pesar de la acumulación de faltas, las correcciones han sido ínfimas en los pocos casos en que se procede contra delitos públicos’, indicó Natal Albelo en un comunicado de prensa.

Indicó que el proyecto también amplía los poderes investigativos del Gobierno para esclarecer estos delitos, y elimina múltiples inmunidades ofrecidas automáticamente a ciertos funcionarios públicos por sus actos.

Por otra parte, el legislador señaló que la restitución de fondos que se impone es con intereses y se hace obligatoria, dejando fuera de la discreción de los jueces la imposición de esta pena. Además, enmienda varias leyes en las que, a través de los años, el gobierno se ha otorgado a sí mismo inmunidades automáticas en procesos investigativos de corrupción y manejo de las finanzas públicas.

Mientras tanto, dijo que el proyecto de ley amplía las facultades investigativas del Contralor de Puerto Rico para expedir citaciones, so pena de desacato, a personas de interés en investigaciones realizadas por su oficina. Además, el Contralor vendrá obligado a publicar los nombres de los funcionarios públicos y actores privados señalados en sus informes, conforme a lo establecido en el ‘libro amarillo’ de la Oficina del Contralor General de los Estados Unidos. Esta práctica fue descontinuada en Puerto Rico a finales de la segunda administración del exgobernador Pedro Rosselló González.

‘Realizamos estas enmiendas con la esperanza de que serán utilizadas adecuadamente en la consecución de mayor transparencia en la función gubernamental y pública’, señaló el representante.

Aseguró que nada en esta legislación impedirá que el Ministerio Público, en el ejercicio de su discreción para la consecución máxima de la justicia pública, negocie inmunidad penal a cambio de testimonio auto incriminatorio.