El secretario del Departamento de Justicia, Cesar Miranda, anunció hoy, miercoles, que unos 164 cargos fueron radicados contra 38 personas, entre las que se encuentran empleados de los Centros de Servicios al Conductor (CESCO) de varias regiones, funcionaros del Departamento de Hacienda, trabajadores del Municipio de San Juan, un oficial de la Policía de Puerto Rico y otros ciudadanos, por participar en un esquema de fraude que tenía como fin eliminar multas de tránsito, otorgar licencias sin el debido procedimiento y alterar las categorías de conductor en las licencias.

Según se desprende de la investigación realizada, desde abril del 2014 unos 23 empleados de los CESCO en concierto y común acuerdo borraban las multas otorgadas por la mitad del dinero impuesto.

‘Este tipo de acción es reprochable no tan sólo porque desvía la llegada de dinero a las arcas gubernamentales, sino porque pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos al permitir que aquellos que en algún momento infringieron la ley continúen haciéndolo sin consecuencias. Y peor aún, al otorgar licencias a personas no autorizadas, poniendo en peligro la seguridad de los conductores en la carretera. Lo hemos demostrado en el pasado y lo seguiremos demostrando, estos actos no serán tolerados’, sentenció el Secretario de Justicia.

Esta investigación, denominada Licencia Fácil II, es la segunda parte de una investigación que culminó con la radicación de cargos contra cinco funcionarios de los CESCO y cinco gestores ilegales en marzo del pasado año. En aquel momento, se intervino en los CESCO de Arecibo, Ponce y Metro. En aquel momento resaltó el desmayo de una mujer, empleada del CESCO de Carolina, durante su arresto.

Como resultado de los cargos radicados se realizó un referido a las autoridades federales, dos funcionarios fueron convictos tras hacer alegación de culpabilidad, hubo un gestor y un civil culpables tras hacer alegación de culpabilidad y dos funcionarios fueron referidos a la Oficina de Ética Gubernamental.

Por su parte, el Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Miguel Torres Díaz, manifestó que la transparencia y la verticalidad son elementos fundamentales para ejecutar el ejercicio del servicio público. ‘Hace unos años expresé que en el Departamento no vamos a tolerar actos inescrupulosos y de corrupción. Como establece la política pública de nuestra administración, las personas reclaman más que nunca pulcritud y honradez en el ejercicio de gobierno. Los ciudadanos confían en nuestro buen juicio y esperan, de quienes laboramos en el gobierno, que ejerzamos la sana administración. Lamento, en mi carácter personal y profesional, los sucesos ocurridos durante el día de hoy. Estos son parte de una investigación que apoyamos desde que iniciamos nuestra gestión, en la cual el Departamento colabora con las agencias gubernamentales estatales de forma directa y pro activa. Cuando comenzaron las intervenciones con los empleados, iniciamos de inmediato el proceso administrativo correspondiente. Esta vez estamos igualmente listos para comenzar los procesos en la agencia’, añadió.

El acuerdo beneficiaba al gestor y al empleado del CESCO, los cuales con su práctica contribuían a que el dinero no llegara a las arcas gubernamentales. Del mismo modo, se daban acuerdos para que- mediante pago fraudulento- una persona no cualificada obtuviera una licencia de conducir sin ni tan siquiera haber tomado un examen teórico o práctico, los cuales son requisitos para obtenerla.

En algunos casos, por un precio reducido el empleado del CESCO se encargaba de eliminar las multas impuestas y a la vez tramitaba la expedición de la licencia de conducir. Otro de los servicios que llegaron a ofrecer, además de la eliminación de multas y la expedición de licencias de conducir a personas no autorizadas, lo fue el cambio de la categoría de la licencia. Por ejemplo, de la categoría de conductor se otorgaba la categoría 9, lo cual implicaba que la persona estaba autorizada a conducir cualquier tipo de camión, incluyendo arrastres como los vagones conocidos como ‘sea land’. Este acto permitía la autorización ilegal del manejo de vehículos comerciales a personas sin la preparación, lo que pone en riesgo la vida y propiedad de conductores y peatones.

Implicados empleados de Hacienda

Tres empleados del Departamento de Hacienda están implicados en un esquema que consistía en cobrar la mitad de la multa impuesta para borrarla. Tanto el gestor como el empleado se beneficiaban de alrededor del 50 por ciento del monto total de las multas.

Por otro lado, un policía estatal fungía como gestor para la eliminación de multas en donde un funcionario del CESCO se encargaba de borrarla.

Finalmente, individuos de escuelas ilegales de conducir también formaban parte del esquema al participar como gestores para tramitar licencias de conducir ilegales y la exclusión de multas a través de la utilización de funcionarios de los CESCO.

De siete regiones los imputados

Los empleados de las oficinas regionales de los CESCO en Manatí, Bayamón, Río Piedras (Tren Urbano), Fajardo, Ponce, Arecibo y Caguas fueron identificados como: Omar Ayala Soler, Margarita Tañón Rivera, María I. Ortiz Vélez, Edna Iraina Sáez Orta, Ángel Pedrogo Muneras, José A. Alameda Cruz, Rigoberto Carreras Rosado, Yaramilete Díaz Valcárcel, María A. Fernández Montalvo, Antonia González Marcano, Albanitzy Rosado Western, Rebeca N. León Del Campo, Luis F. Adorno Concepción, Edith J. Álvarez Ayala, Juan Ramón Collazo Figueroa, Lylia Bosque Rivera, Wanda I. Treviño Ortiz, Johana Avilés Salgado, Armando Pérez Espinosa, Jesicca Joan Castro Rodríguez, Roselys I. Cardona Falconi, Silvia Rivera de Jesús y Luz M. Bonilla Rivera.

También participaron tres empleados del Departamento de Hacienda señalados como Johan M. Ayala Candelario, Michael Marrero Johan y Wilfredo Marrero Ortega.

Asimismo, contra Héctor A. Alejandro Jordán y Rubén García Gómez, de la Oficina de Ornato del Municipio de San Juan, y el oficial de la Policía de Bayamón, Antonio Valentín Rosario, se presentaron cargos.

Junto a estos individuos nueve civiles también fueron relacionados a los hechos, por lo que se presentaron denuncias contra Luz M. García, María del Carmen Fernández González, Alberta Rolón, Enery M. Burgos, Rafael Mercado, Eric A. Torres, Joel Robles, Restituto Barrientos y José A. Rosa.

La investigación estuvo a cargo de la División de Investigaciones Contra el Crimen Organizado (DICCO) del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Justicia. La fiscal Fabiola Acarón, de la División de Crimen Organizado del DJ, presentó los 164 cargos contra las 38 personas por delitos de fraude, falsificación de registros electrónicos, soborno, apropiación ilegal y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.