A pesar de que es final y firme una orden del tribunal que le ordena a la Asociación de Empleados del ELA (AEELA) restituir a Migdalia López Gómez a su puesto de directora ejecutiva auxiliar y pagarle vacaciones y otros emolumentos, la entidad rehúsa hacerlo y, ahora, ha ligado su nombre al esquema de corrupción en el contrato para restaurar el Centro Vacacional Playa Santa del Caribe

López Gómez dijo que se suponía que entraría a su antiguo puesto nuevamente el 16 de septiembre pero AEELA, sin embargo, le dio un puesto como abogada II que es uno mucho más bajo al que tenía.

‘Yo comencé en ese puesto hace 16 años’, dijo López Gómez

A López Gómez se le destituyó del puesto directora ejecutiva auxiliar el primero de agosto de 2013, luego de que la Legislatura derogó la Ley de la Asociación de Empleados del Gobierno de Puerto Rico, para convertirla nuevamente en AEELA. Posteriormente, obtuvo una sentencia a su favor para que se le restituyera a su puesto.

AEELA, sin embargo, dice que el puesto de López Gómez fue eliminado y que con su reinstalación a Abogada II se cumple con las disposiciones del Tribunal.

‘Mis funciones las hace la ayudante ejecutiva…No es que se eliminó, lo que pasa es que no quieren cumplir con la sentencia’, dijo.

Para echarle sal a la herida, AEELA involucró a López Gómez en referidos al Departamento de Justicia, a la Oficina de Ética Gubernamental y al Contralor de Puerto Rico en marzo para que investigara irregularidades en un contrato hecho en el 2012 a favor de la firma Restaura Contractors por la suma de $78,912 para remodelaciones en el Centro Vacacional Playa Santa del Caribe en el que intervino Alex Martínez Morales, entonces director del Departamento de Servicios Administrativos y Propiedades de AEELA.

Tanto el presidente de Restaura Contractors, Edil Amos Danois Román, así como Martínez Morales fueron acusados en agosto de 73 cargos criminales relacionados a 141 transacciones en las que se falsificaron documentos y se apropiaron ilegalmente de dineros del erario mediante la presentación de cotizaciones falsas para obras de construcción en el Capitolio. En ese esquema hubo fragmentación de obras para que salieran a menor precio o $50,000 y evitar ir a subasta.

‘Entendemos que las denuncias que se realizaron el viernes 14 de agosto deben agilizar lo antes posible el examen del referido que se envió pues concebimos razonable pensar que la participación de estas personas y otros oficiales y empleados de AEELA en las remodelaciones del CVPS, forman parte del mismo esquema de fraude que se produjo en el caso del Capitolio, y que se denunciaron públicamente’, reza el referido hecho por el director de AEELA, Pablo Crespo.

Según el referido, el contrato entre AEELA y Restaura Contractors fue otorgado en diciembre del 2012 y tenía una vigencia de 45 días que se podían extender por 30 más.

Luego de formalizado el contrato se emitieron órdenes de cambio a favor de Restaura Contractors que fueron solicitadas por la entonces directora de mercadeo Joseline Rodríguez, quien no administraba ni inspeccionaba las obras, y por Martínez Morales. Para las mismas no medió autorización de la Junta de Directores ni enmienda al contrato. También hubo trabajos que realizados sin que mediara una autorización de la Junta.

En la forma en que se realizaron los trabajos y la adquisición de servicios hubo también un fraccionamiento de los trabajos para evitar llevar a cabo subastas ya que el reglamento establecía que todas las compras en exceso de $20,000 o cuya suma total excediera los $20,000 tenían que ir a subasta.

AEELA alega que López Gómez y otras personas pidieron autorización a la Junta de Directores para poder aprobar contratos o acuerdos a nombre de la Asociación que no excedieran los $15,000 dentro del mismo año fiscal y que no conllevara renovaciones automáticas. Las compras por parte de Restaura fueron fraccionadas a $15,000.

‘Es decir la autorización de la Junta fue intencionalmente utilizada para el fraccionamiento de las compras y la aprobación de órdenes de compras y servicios a la empresa Restaura Contractors burlando el requisito legal de cumplir con el Reglamento de Subastas’, dice el documento.

López Gómez alega que no tuvo nada que ver con el contrato para Playa Santa y que su nombre se menciona en el referido para mancillar su nombre porque ella demandó a AEELA. ‘Yo no he visto ese documento y nadie se ha entrevistado conmigo’, sostuvo.