El secretario del Departamento de Justicia, Cesar Miranda, defendió el jueves el rol indelegable del Ejecutivo (a traves del Secretario de Educación) respecto al desarrollo de la política pública educativa, facultad que consideró no está en riesgo con la propuesta senatorial de permitir que entidades privadas sin fines de lucro administren las escuelas públicas de Puerto Rico.

En la ponencia sobre el proyecto del Senado 1456, Miranda distinguió que resulta inconstitucional delegar la formulación de la política pública sobre el tema de educación, pero no así la ‘concreción’ de esa política, lo que puesto de otra manera significa que el Estado puede subcontratar -incluso en un tema tan delicado como la educación de los niños y niñas- a empresas que administren los servicios educativos conforme a las leyes estatales, como lo ha venido haciendo ya durante años.

Lo importante es que estas entidades privadas o cuasi públicas sigan los mandatos constitucionales que estipulan: 1- que la educación debe ser gratuita, no sectaria, ni discriminatoria; 2- que el Estado es responsable de la instrucción pública; y 3- que la propiedad y el dinero público no pueden ser invertidos en el sostenimiento de entidades educativas privadas.

El proyecto propuesto por el presidente senatorial, Eduardo Bhatia, traspasa el 15% de las escuelas públicas más rezagadas a entidades sin fines de lucro o municipios bajo programas autónomos denominados ‘Escuelas Públicas Líderes’.

‘Si bien la propuesta delega en la Junta (de Alianzas para la Innovación Educativa) jurisdicción y autoridad sobre Escuelas Públicas Líder y Escuelas Especializadas (…), la propuesta incluye criterios concretos que habrán de informar el ejercicio de las facultades delegadas’, leyó en vista pública del Senado. De esta forma, consideró que el control de la operación continuaba en manos del Ejecutivo.

Pese a que el Secretario emitió un voto de confianza basado en que el proyecto no mina el poder del Ejecutivo, ni resulta en la eliminación del Departamento de Educación (DE), en sus recomendaciones finales pidió que ‘se incluyan salvaguardas para mantener las funciones del DE’. Solicitó además que los miembros de la Junta sean nombrados por el Gobernador ‘para evitar planteamientos de delegación indebida de poderes ejecutivos’ para ejecutar leyes.

El licenciado casi coló al final de sus recomendaciones una exhortación a la Legislatura para que incluyan disposiciones dirigidas a atender las necesidades del personal docente, lo cual se ignora en este proyecto al que se oponen las agrupaciones magisteriales.

Criticó también la ambigüedad en cuanto a quién tiene la determinación de cerrar escuelas y se promulgue un plan de cierre de escuelas por fórmula automática basado en la cantidad de estudiantes, sin proveer alternativas de control de gastos. ‘Puede resultar drástico’, advirtió.