El Colegio de Abogados insistió esta mañana en su reclamo de que se exima a todos los servicios legales del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) de 4%, aduciendo a que se crearía una obstrucción al derecho de los ciudadanos de tener acceso a la justicia y al debido proceso de ley.

El argumento es que dicha contribución aumentaría los gastos de honorarios de abogados, lo que sumando a otros gastos por la obtención de documentación necesaria para llevar a cabo los procesos, podría hacer los servicios legales inaccesibles para ciertos sectores poblacionales, principalmente para la clase media. El problema se suma a la reducción de fondos que han tenido los programas de asistencia legal.

Uno de los ejemplos expuesto por miembros del Colegio son los casos de manutención de menores, que aunque la Ley 72 los eximió del pago del IVU hasta el 30 de septiembre de 2015, el lenguaje de la legislación los coloca como una partida tributable a partir del 1 de octubre. Resaltaron que aunque existe legislación que permite al padre custodio poder pedir al no custodio que costee los honorarios de abogados a raíz de un litigio, esto depende de la aprobación del Tribunal, por lo que en muchos casos se le requiere al cliente que pague por adelantado. Mientras en el caso del padre no custodio, si el Tribunal le impone que le tiene que pagar al padre custodio los honorarios de su abogado, al final este terminaría teniendo doble carga por el IVU en este renglón.

Aunque el presidente del Colegio, Mark Anthony Bimbela, reconoció a este diario digital que la imposición del IVU a los servicios legales pudiera inducir a que aumente la cantidad de ciudadanos que tengan que recurrir a la litigación por Derecho Propio, también planteó que quizás esta no sería una alternativa real dado el desconocimiento que hay entre la ciudadanía sobre los procesos judiciales y las reglas que deberán cumplir para presentar su prueba y llevar un litigio ante la corte. Además, planteó que no en todos los casos ha resultado efectivo la figura de los mediadores.

Abordado si prevén ofrecer seminarios a la ciudadanía sobre la litigación mediante Derecho Propio, Bimbela reiteró que sus esfuerzos están centrados en que se exima a todos los servicios legales de dicha tributación.

Destacó que ante la falta de certeza de si esa enmienda total que están requiriendo se incluya dentro del P. del S. 1433 –que actualmente está en Conferencia Legislativa-, entonces han recurrido a la vía judicial para solicitar que los servicios legales no estén bajo la categoría de profesionales designados, que están sujetos al IVU. De igual forma, pidieron que se declare inconstitucional la Ley 72.

Mientras esto ocurre, el Departamento de Hacienda les ha enviado un borrador de la Determinación Administrativa que esperan emitir una vez se apruebe el P. del S. 1433, para que estos sometieran sus comentarios. Se supo que allí se plantea proveer una exención parcial a los servicios legales. Por ejemplo, se habla de que los trabajos legales que terminen en un tribunal o en un proceso ante una agencia administrativa estarían exento, pero la determinación impone como requisito que en la carta de compromiso con el cliente tiene que estar esto establecido.

Miembros del Colegio expusieron que esta exención parcial presenta un problema para las controversias de los sindicatos que se dilucidan en el Negociado de Conciliación y Arbitraje, que no es una agencia administrativa.

En otros aspectos, sostuvieron que no resulta un alivio total el que se les permita a los abogados remitirle el dinero del IVU a Hacienda una vez el cliente se los pague y no cuando someten la factura, porque de todas maneras tendrían que pagar el impuesto al momento si como parte del proceso necesitan subcontratar a otros servicios profesionales.

Asimismo, a la par de la carga del IVU tienen sobre sus hombros el reciente aumento en los aranceles en los procesamientos ante los tribunales de los casos civiles.

Insistieron que aunque en la Legislatura se apruebe algún tipo de crédito contributivo para los abogados en relación al IVU, comoquiera seguirían opuestos al cobro de dicho tributo por los servicios legales por el impacto negativo que tienen sobre la ciudadanía.

Los abogados presentes fueron: Alejandro Torres – laboral, junta de gobierno y primer vicepresidente; Antonio Bauzá- Corporativo; Eladio Malavé- derecho penal, miembro Junta de Gobierno; Helga García-Notaría; Natalia Mejías-Familia, Presidenta Comisión Abogados Jóvenes; Wilbert López moreno – Quiebra, Presidente Comisión de Quiebra; Alexis Hernández Rivera – Corporativo – miembro de la Comisión Especial Reforma Contributiva; Edwin Prado – derecho contributivo y civil.

Moción_15108

Demanda_15109