El reclamo de la Asociación de Abogados para no cobrar un Impuesto de Ventas y Uso (IVU) de 4 % por servicios legales seguirá su curso regular en el Tribunal de Primera Instancia luego que el Tribunal Supremo no certificara el recurso de certificación intrajurisdiccional y moción de auxilio de jurisdicción.

La decisión del Supremo no se inclinó a favor de la Asociación por un voto. No obstante, el voto disidente del juez Luis Estrella Martínez, al que se unieron los togados Mildred Pabón Charneco, Eric Kolthoff y Edgardo Rivera García, destacó que ‘hubiera certificado la controversia para disponer de la misma con la celeridad que amerita’.

El IVU de 4% entraría en vigor el 1 de octubre, pero la vista para resolver el reclamo en el Tribunal de Primera Instancia está pautada para el 21 de septiembre. Además, el Tribunal ni siquiera ha resuelto una solicitud de desestimación de la demanda presentada por el Estado.

Mientras, el Estado argumentó ante el Supremo que la legislación para que los abogados sean agentes retenedores del Departamento de Hacienda no viola el privilegio de la relación abogado cliente que solo protege las comunicaciones y producto del trabajo del abogado, lo que es irrelevante a la hora del cobro del IVU. Tampoco viola la separación de poderes porque no va por encima de la regulación del Tribunal a la práctica de la abogacía. No obstante, destaca que la Legislatura tiene la facultad de legislación contributiva.

Según la Asociación, la Ley 72 que impone el aumento del IVU, es inconstitucional porque viola la relación abogado cliente pues implicaría que Hacienda pueda indagar sobre el cliente, y no respeta la separación de poderes ya que solo el Tribunal puede imponer cambios en la práctica de la abogacía.

De igual modo, alegan que no se trataron a otras profesiones de la misma forma al momento de imponer el estatuto, se otorgaron excenciones sin base, y no mantiene la igual protección de las leyes ni acceso a la justicia para todos.

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