La Coalición Sindical integrada por varias organizaciones de trabajadores del país, aprobó hoy sábado en asamblea general, una resolución que exige la renegociación de los terminos y condiciones de la deuda pública de forma transparente e inclusiva, precedida por una auditoría general.

La decisión responde en parte a las recomendaciones del Informe Krueger, que según el gremio laboral, atenta contra los derechos de los trabajadores, con medidas que apuestan a la privatización de los servicios, la reducción de jornadas laborales y la disminución de beneficios a los jubilados.

Para aportar propuestas a favor del desarrollo económico del país, la Coalición se manifestó a favor de la reorganización del Departamento de Hacienda para que destine recursos humanos y tecnológicos para fortalecer la captación del sistema contributivo.

‘No es justo que mientras el país empobrece, un puñado de grandes compañías multinacionales y megatiendas no aportan lo que les corresponde y evanden su responsabilidad con el fisco’, lee la resolución.

Por lo tanto, aprobaron la implementación inmediata de más impuestos a las megatiendas que generan y exportan grandes ganancias y desplazan a pequeños y medianos comerciantes, así como enmiendas a las leyes de incentivos contributivos para denegar subsidios a corporaciones que incumplan con generar empleos y hacer inversiones en Puerto Rico.

Y a la vez que abogaron por imponer y aumentar impuestos a las corporaciones exentas, se expresaron a favor de insertar al país en el mundo globalizado mediante tratados comerciales con otros países de América Latina y Europa, lo cual se ha dificultado históricamente por las leyes de cabotaje que impone el gobierno estadounidense, debido a las cuales Puerto Rico solo puede comerciar mediante la flota mercante de dicho país norteamericano.

‘Los sindicatos y organizaciones obreras reiteramos nuestra disposición a continuar contribuyendo a la solución de los problemas de Puerto Rico, a aportar ideas e iniciativas y a participar, en un plan de igualdad y transparencia con otros sectores de la sociedad en el rescate de nuestro país’, aseguraron.

A su vez, trazaron un ‘plan de lucha’ aprobado en la Asamblea celebrada en el Coliseíto Pedrín Zorrilla con el objetivo de ‘detener el desemantelamiento de los derechos de los trabajadores, presentar medidas alternas que evolucionen la realidad laboral’, siempre manifestando su oposición a cualquier intento de privatización de servicios públicos, especialmente si podría provocar más despidos de empleados públicos.

El cabildeo legislativo, las asambleas conjuntas, y las actividades informativas, educativas y de expresión pública, conforman la agenda de los próximos meses. Para el 11 de septiembre a las 4:30 pm, se pautó la primera movilización masiva de trabajadores contra las medidas que encarecen los derechos obreros.

Mientras, todo septiembre y octubre velará por el cabildeo masivo en la legislatura para impulsar las medidas propuestas, como la renegociación y auditoría de la deuda pública. A su vez se organizarán distintas actividades educativas para concienciar sobre la realidad laboral, y los derechos coartados, entre ellas, una campaña alternativa en medios digitales.

Por último, noviembre será un mes crucial para las acciones sindicales ‘contundentes’ en los centros económicos principales del país, de no haber un cambio en la toma de decisiones y en las condiciones laborales.

‘La presente Administración le ha mentido reiteradamente al liderato sindical de nuestro país, prometiéndle un diálogo y consideración a nuestras propuestas que no ha cumplido’, denunciaron.

El liderato sindical del país presente en la asamblea estuvo compuesto por la Central Puertorriqueña de Trabajadores, la Coordinadora Unitaria de Trabajadores del Estado, los Servidores Públicos Unidos, la Unión General de Trabajadores, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, la United Auto Workers, la Asociación de Maestros de Puerto Rico, la Federación Central de Trabajadores (FCT) y la Hermandad de Empleados Exentos no Docentes de la UPR