El rector de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, doctor Moises Orengo Aviles, junto a la directora del proyecto ‘Construyendo Equidad entre Generos’, doctora Kattia Walters, reaccionaron el jueves al señalamiento del Departamento de Justicia federal que clasificó al Recinto entre los receptores de ‘alto riesgo’ de fondos federales.

‘En primer lugar debo clarificar que la carta no ha llegado de manera oficial a rectoría, y que a todos nos extrañó la mención de nuestra universidad en ella, porque en ningún momento hemos recibido ni visitas, ni señalamientos, ni auditorías sobre nuestro proyecto, por parte del gobierno federal’, reaccionó el rector Orengo Avilés en un comunicado de prensa.

El Rector se refirió a la propuesta denominada ‘Construyendo Equidad entre Géneros’, la cual se sometió directamente al Departamento de Justicia de Estados Unidos, y fue aprobada en el 2013 con una asignación de 35,000 dólares. La propuesta busca proveer servicios a víctimas e implantar estrategias para prevenir la violencia contra la mujer en esa institución educativa.

Según explicó la doctora Walters, la propuesta está identificada o catalogada como una ‘Propuesta de Planificación’, es decir, que durante ese tiempo se adiestra al personal que va a someter una propuesta al gobierno federal, para que cumpla con todos los parámetros del gobierno federal, y esté alineada con sus estándares y líneas prioritarias en estrategias de educación y prevención, así como de los protocolos de intervención en casos de violencia, entre otros temas relacionados.

‘Entre los usos que se le dieron a los fondos estuvieron los adiestramientos de formación con instrucciones para planificar y administrar una propuesta, capacitación del personal, lo cual incluyó viajes a adiestramientos mandatorios por el gobierno federal, investigación y asistencia técnica. Como es un proyecto de prevención, pues tenía un componente de adiestramiento muy fuerte, se hicieron actividades de prevención en el campus, y se realizó una encuesta encomendada, para preguntarle a la población universitaria que temas relacionados a violencia querían atender, y se produjo una política institucional hacia la no violencia’, explicó la profesora Walters.

Esta propuesta está vigente hasta el 30 de septiembre de 2015. En el caso de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, en ningún momento se adelantó el dinero aprobado, sino que, al cumplir con los informes programáticos y fiscales de manera trimestral, se le harían llegar las fondos.

Con relación al presupuesto, de acuerdo con la información suministrada por el agente fiscal de la propuesta, el último informe financiero sometido fue el que comprende el trimestre de abril a junio de 2015 y la cantidad acumulada en inversión asciende a 31,544.33 dólares. Todavía falta la rendición el informe final, es decir, de julio a septiembre de 2015, el cual se somete durante el mes de octubre.

No obstante, se informó que la UPR en Carolina no ha recibido por parte del gobierno federal desembolso alguno que corresponda a esta propuesta.

Por otro lado, los alcaldes de los municipios de Cayey y Naranjito coincidieron el jueves en que la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) les había notificado que aun cuando esa agencia aparecía en la lista de agencias en condiciones de ‘alto riesgo’ en el uso y manejo de fondos federales emitida por el gobierno federal, el comisionado Carlos Santini les aseguró que su agencia esta ‘libre de señalamientos’ en las auditorías federales.

‘El licenciado Santini nos comunica que durante el día de hoy y mañana él va a estar contestando [la conclusión del gobierno federal] porque él entiende que después de las monitorias que le fueron realizadas, [ellos] estuvieron en cumplimiento’, dijo el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz, quien además es el vicepresidente de la Federación de Alcaldes, la cual agrupa los alcaldes de afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP).

En declaraciones escritas, Santini señaló que en la más reciente monitoria, realizada por del Departamento de Justicia de Estados Unidos en febrero pasado, no se le informó de ninguna irregularidad programática o administrativa.

‘Todo lo contrario, Justicia federal nos felicitó y destacó el nivel de preparación del personal y la organización del programa que administramos. Una agencia que no tiene señalamientos no puede ser clasificada de alto riesgo’, afirmó Santini.

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