El gobernador Alejandro García Padilla dijo el jueves que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ‘tendrá que explicar mejor’ el alcance de la carta en la que advierte sobre la posibilidad de congelar fondos federales al gobierno de Puerto Rico como resultado de una supuesta auditoría que reveló irregularidades.
‘(La carta) no expresa los periodos, los elementos que llevaron a esa decisión y en ese sentido el Departamento de Justicia tiene que rectificar esa carta. Ellos mismos reconocen en la carta que los manejos (con los fondos federales) han mejorado. Por eso es una carta en realidad contradictoria en sí misma y ellos tienen que explicar mejor’, dijo el Gobernador a su salida de una actividad en la Cámara de Representantes en reconocimiento al expresidente José Ronaldo Jarabo.
De otra parte, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi dijo estar preocupado por la situación.
‘A mí lo que preocupa aquí es que el efecto que tiene esa directriz es que entonces obliga al Departamento de Justicia y a todas esas entidades a desembolsar fondos y luego pedir reembolso. Y sabemos que en Puerto Rico el gobierno como tal tiene un problema de liquidez y sabemos también que entidades sin fines de lucro que a su vez terminan recibiendo estos fondos, también tienen problemas de liquidez. Me preocupa el impacto que esto puede tener en programas importantes para proteger víctimas de delito entre otros’, dijo Pierluisi en entrevista radial (NotiUno).
El miércoles el candidato a la Comisaría Residente en Washington D.C. por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Miguel Hernández Vivoni, denunció que el Departamento de Justicia Federal (DOJ por sus siglas en inglés) envió una carta al gobernador notificando que el gobierno estatal y las agencias que administran un sin número de fondos federales fueron denominados como ‘High Risk Grantees’.
Pierluisi indicó que su equipo de trabajo solicitó detalles sobre esta movida al DOJ.
‘Cuando toman una medida como esta, la toman porque no tienen confianza en la institución, en este caso el Departamento de Justicia y las otras entidades que reciben fondos por conducto del Departamento de Justicia de Puerto Rico. Han perdido la confianza’, señaló.
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