Luego de que oficialmente ocurriera el impago a la Corporación para el Financiamiento Público de Puerto Rico (CFP), esta semana es crucial para saber el rumbo que podrían tomar los esfuerzos del gobierno para convencer a los bonistas de que se sienten a negociar.

‘Esta semana es crucial para ver cómo reaccionan los bonistas’, dijo el abogado John Mudd.

La presidenta del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF), Melba Acosta Febo, dijo el viernes que se emitió un pago de $169 millones del servicio de la deuda de los bonos de esa institución bancaria. No obstante, la CFP no hizo el pago de $58 millones a sus bonistas el 1ro de agosto luego que no se hiciera la transferencia de $93.7 millones al fideicomisario de esa entidad el 15 de julio debido a que la Legislatura no apropió los fondos.

Cuáles son las consecuencias para Puerto Rico? Pueden los bonistas congelar cuentas del gobierno o confiscar propiedad pública para exigir un pago? No, verdaderamente, según expertos consultados por NotiCel.

La deuda del CFP que se dejó de pagar es lo que el gobierno considera una obligación de índole moral, la cual, según la versión oficial, no se está obligado a pagar porque depende de la apropiación de fondos por parte de la Legislatura y no tiene garantías. Las llamadas deudas de obligación moral fueron creadas en la década del 60 por el exprocurador general John N. Mitchell para ayudar al exgobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller.

Ya Puerto Rico sufre los efectos del crédito degradado y del impago debido a que no puede ir a los mercados a tomar prestado. De hecho, el gobierno se dispone esta semana a tomar unos $400 millones en financiamiento a corto plazo o TRANs pero el dinero provendrá de varias corporaciones públicas que incluyen el Fondo del Seguro del Estado. Ese dinero se garantizaría con el impuesto al crudo del petróleo.

Mudd opinó que no es mucho lo que los bonistas de la CFP pueden hacer para reclamar sus pagos. Debido a que el dinero para pagar la deuda del CFP proviene del Fondo General y Puerto Rico no ha dado su consentimiento para ser demandado, los bonistas del CFP no pueden demandar en el Tribunal Federal y tienen que venir a los tribunales de Puerto Rico en un proceso ordinario de cobro de dinero. Mudd dijo que ‘ahí la cosa se pone complicada’. Si el dinero estuviese asignado, los bonistas pueden solicitar un embargo preventivo pero Mudd no vé esa posibilidad porque los jueces de Puerto Rico son ‘protectivos del gobierno’. Si el dinero no está asignado, se le podría ordenar a la Legislatura hacer la asignación del dinero en el próximo presupuesto.

Según un informe del 17 de julio de JPMorgan Chase <><><><><><><><><><><><><>& Co., Puerto Rico debe sobre $5 mil millones en bonos por los próximos 12 meses. En el mes de agosto se deben $635 millones en servicio de deuda, según el informe./p

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Según Mudd, el gobierno renunció a su inmunidad soberana para una emisión del Departamento de Transportación y Obras Públicas en el 2013 y para una emisión que se hizo en el 2014. En esas dos instancias, los bonistas podrían demandar en el estado de Nueva York en la eventualidad de un impago. Para las demás deudas, los bonistas tendrían que venir a Puerto Rico a hacer sus reclamos de cobro de dinero en los tribunales locales, dijo Mudd./p

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Puerto Rico tiene unas 17 diferentes tipos de deudas que van desde obligaciones generales hasta deuda de Cofina y de corporaciones públicas./p

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Sobre los motivos por los cuales el gobierno pagó una deuda y otra no, Mudd opinó que el gobierno tiene dinero para pagar pero que el impago al CFP tiene menos repercusiones../p

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El economista Gustavo Vélez dijo que el gobierno optó por pagar la deuda de los bonos del BGF y no la del CFP porque el banco es el agente fiscal del gobierno y un impago tendría complicaciones mas adversas. ‘No es que el CFP no sea importante pero ese emisor no tiene la importancia del BGF. Un impago del BGF hubiera impactado las cooperativas’, sostuvo./p

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El gobierno tampoco ha dado a conocer sus estados financieros auditados y pospuso su presentación hasta octubre por lo que Vélez dijo que no tiene idea de cuánto dinero de la deuda el gobierno tendría que reestructurar. Sobre lo que pasaría en la semana luego del impago del CFP, Vélez dijo que no hay certeza de cómo se haría un plan de restructuración en una economía en caída pero opinó que se tiene que evaluar cada emisor separadamente para ver cuales tienen más problemas y cuáles son los que tienen prioridad para la reestructuración como serían las deudas de las corporaciones públicas./p

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El economista Alejandro Silva opinó que Puerto Rico ya ha sufrido los estragos o consecuencias del impago con la pérdida de los valores de sus bonos y la pérdida de su credibilidad. ‘El pueblo se afectará en la medida en que no se puedan pagar los servicios’, sostuvo. /p