La portavoz del grupo EDUCAMOS, Eva Ayala, dijo el miercoles que el anunciado cambio de política en cuanto a la utilización de las pruebas estandarizadas en el Departamento de Educación (DE) ‘no resuelve los problemas que por años hemos señalado’.

‘Esto lo que hace es poner a todos a trabajar en función de unas pruebas cuya validez y confiabilidad son ampliamente cuestionadas, que no incluyen todas las materias y que constituyen un negocio para grandes contratistas que se mueven alrededor del mismo. Insistimos en nuestro cuestionamiento sobre la utilización de pruebas estandarizadas para medir y evaluar al estudiantado, al magisterio y a la escuela pública. En esa dirección, las nuevas pruebas nos parecen más un cambio de nombre que de contenido. Es más de lo mismo’, dijo Ayala en un comunicado de prensa.

Dijo además que al formar parte de la evaluación de estudiantes y del magisterio, se les estaría castigando por las deficiencias de todo el sistema educativo, cuando la responsabilidad por estas deficiencias debe recaer sobre quienes toman las decisiones y administran la agencia.

‘Las pruebas seguirán haciendo abstracción de problemas como la falta de recursos humanos y materiales en los planteles, la no participación del magisterio y la comunidad escolar en la toma de decisiones y el hecho de que en las pruebas se descartan muchos contenidos que son importantes para las comunidades y los educadores/as como es el área de Historia, las Bellas Artes, Educación Física, Salud y Vocacional, entre otros’, declaró.

Sostuvo que las ahora llamadas META-PR ‘podrían ampliar la injusticia hacia el magisterio y estudiantes ya que se estaría utilizando una prueba de cuestionable validez y confiabilidad que no toma en cuenta el problema de la falta de recursos en muchos planteles y que no incluye todo el contenido de lo que se supone se enseñe en la sala de clases para asignar notas. Incluso, los resultados obtenidos pueden decidir si un alumno pasa o no de grado, si está o no en el cuadro de honor de cada escuela, si tiene o no buenas notas en una materia o si está obligado a tomar clases durante el periodo de vacaciones’.

Indicó que el DE debe aclarar si al plantearse que aquel que no mejore en un 4 por ciento su nivel de ejecución en las pruebas no terminaría el curso en mayo, sino durante los meses de vacaciones puede tener el resultado de que estudiantes buenos e incluso sobresalientes que no tengan margen para mejorar un 4 por ciento, tengan que tomar clases durante esos meses, mientras estudiantes con promedios más bajos no tengan que hacerlo, lo que constituye un contrasentido.

‘Peor aún, se estaría utilizando el resultado de unas pruebas que ya han sido cuestionadas como parte de la evaluación del magisterio cuando se sabe que hay una multiplicidad de factores que inciden en el nivel de aprovechamiento de nuestros alumnos/as. La mayoría de nuestros estudiantes provienen de zonas de escasos recursos, hay muchas escuelas cuyo personal no se nombra a tiempo, en la mayoría de los casos los materiales y el equipo necesario nunca llegan o llegan tarde, hay problemas de planta física o las clases se ven afectadas por otras causas. El mismo hecho de que cientos de miles de estudiantes hayan sido repartidos como fichas al ser arrancados de sus comunidades escolares como resultado de las reestructuración y cierre de escuelas afecta la identificación con la escuela y la motivación tanto de estudiantes como del magisterio. Todavía a estas alturas hay maestros/as permanentes que no saben dónde van a trabajar en agosto. Todavía hay comunidades luchando por mantener sus escuelas como es el caso de la escuela José Meléndez Ayala de Manatí’, dijo Ayala.

‘Un magisterio acosado por el maltrato, por la utilización de las estructuras de poder para desacreditarlo, por un sistema de evaluación altamente punitivo, por los bajos salarios, la reducción en sus menguados ingresos y la eliminación de derechos, por la continua presión de parte de los sectores económicos poderosos para que se cierren escuelas y se les deje sin trabajo, lo menos que necesita es que se utilicen los resultados de una prueba no confiable para añadirle un castigo más. Las ahora llamadas pruebas META-PR serán utilizadas como excusa para seguir cerrando escuelas y eliminando plazas que es la política empujada por la empresa privada y adoptada por el gobierno que se arrodilla ante ésta porque quieren privatizar todo y apropiarse del dinero del pueblo. Se prestarán para que aparezcan más kioscos de tutorías, ‘coaching’ y talleres que nunca han resuelto nada mientras se hacen millonarios con el dinero que le falta a las escuelas’, abundó.

‘Nos parece que el cambio anunciado por el Secretario en relación a las pruebas no resuelve los problemas que aquejan el sistema educativo y coloca a nuestro estudiantado y magisterio en una posición todavía más vulnerable ante las injusticias que durante mucho tiempo hemos denunciado. Nuestras comunidades escolares deben mantenerse alertas y dispuestos a movilizarse en defensa de sus derechos’, concluyó Ayala.