Representantes de la Coalición del Sector Privado que han estado trabajando unidos para atender el tema de la reestructuración del Gobierno, están en espera de que la Fortaleza los convoque en los próximos días para comenzar a trabajar en un plan integrado, que incluye una reforma laboral y la revisión de los procesos de permisología.

La Coalición identificó cuatro iniciativas que de ser atendidas de forma integral con las demás acciones del Estado para la negociación de la deuda y reestructuración del Gobierno, podrían tener consecuencias positivas inmediatas en nuestra economía: integración del sector privado de Puerto Rico en la Junta de Control Fiscal; la realización de una reforma laboral; la revisión de los procesos de permisología y reglamentación para hacer negocios en el país y la creación de una Junta de Desarrollo Económico con vigencia de diez años, que se dedique a evaluar distintas medidas que sirvan para incentivar y remover los obstáculos que dificultan el crecimiento y desarrollo de todos los sectores comerciales de nuestra economía.

‘Ya hemos identificado a nuestros peritos en dichas áreas y estamos trabajando en cada una de nuestras propuestas. Estamos en una situación de emergencia por lo que la situación tiene que atenderse con la urgencia requerida’, señalaron en comunicación escrita.

El grupo, que también trabaja temas medulares en Washington, reaccionó a la carta enviada el 17 de julio por el senador Orrin Hatch, presidente de la Comisión de Finanzas del Senado Federal, al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob J. Lew. ‘Estamos en total acuerdo con el Capítulo 9 como mecanismo efectivo de reestructuración de deuda y el sentido de urgencia que ha expresado el Senador Hatch en su misiva’, señalaron los directivos de la Asociación de Industriales, Cámara de Comercio, Colegio de CPAs, Asociación Productos de Puerto Rico y MIDA, entre otros.

Los portavoces reiteraron su respaldo al proyecto HR 870 del comisionado residente Pedro Pierluisi para que se enmendara el Código de Quiebras Federal de manera que la isla pudiera acogerse al Capítulo 9. ‘Nos alegra ver una apertura de apoyo a esta iniciativa por parte de representantes del sector republicano que hasta ahora no se habían expresado públicamente, y más aún del presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, cuyo organismo evaluará eventualmente la medida’, dijeron.

Asimismo, indicaron estar de acuerdo con que se revise la aplicabilidad de las leyes de cabotaje a Puerto Rico, ya que las mismas contribuyen a elevar el costo de los bienes importados. También reclamaron justicia y paridad en la distribución de fondos Medicare Advantage, ya que la inequidad en su repartición afecta grandemente el sector de la salud en la isla.

Señalaron que en su carta, el presidente de la Comisión de Finanzas del Senado de Estados Unidos también reconoce la necesidad de efectuar reformas estructurales en Puerto Rico dirigidas a reducir y controlar los gastos gubernamentales, y de efectuar reformas en las políticas que impactan el proceso de permisología, y el mercado laboral. Las reformas laborales necesarias incluyen tanto las leyes locales como las federales, incluyendo el ‘welfare system’ y el Fair Standards Labor Act (FSLA).

En el tema del trato a las Corporaciones Extranjeras Controladas o ‘Controlled Foreign Corporations (CFCs)’, la Asociación de Industriales ha estado en un proceso educativo y de cabildeo por más de un año con miembros del Congreso para prevenir o minimizar el impacto de cualquier medida de la reforma contributiva federal en las operaciones de empresas multinacionales establecidas en la Isla. Este esfuerzo ha venido acompañado del apoyo de todos los sectores de la isla con un Acuerdo de Entendimiento (MOU) firmado en abril de 2013 por los líderes de una veintena de organizaciones privadas miembros de la Coalición, el gobernador, el comisionado residente y los presidentes legislativos.

‘La capacidad de Puerto Rico mantenerse competitivo internacionalmente dependerá, entre otras cosas, en cómo el Congreso trate a estas compañías bajo las reformas propuestas al Código Federal. En este esfuerzo hemos logrado el apoyo de las cámaras de comercio hispanas en los Estados Unidos y de la influyente asociación de manufactureros de Estados Unidos ‘National Association of Manufacturers’ o NAM como también es conocida’, indicaron.