Sin aguardar por la respuesta del gobierno -ordenada por un juez del Tribunal de Primera Instancia- a la controversia planteada por representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) por la aplicación de la decisión del Supremo federal en cuanto al matrimonio entre personas del mismo sexo, estos acudieron al Supremo de Puerto Rico para solicitar una certificación intrajurisdiccional.

Los representantes María Charbonier, Waldemar Quiles, Pedro Julio Santiago, y Luis León radicaron la solicitud de un interdicto para detener la Orden Ejecutiva 2015-21 que viabliza el matrimonio igualitario en Puerto Rico, alegando que las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos no aplican ‘ex propio vigore’ a los territorios, tal y como es el caso de Puerto Rico.

El juez Ángel Pagán Ocasio denegó la petición de paralizar la emisión de licencias matrimoniales, cuyos documentos para solicitarlas están disponibles desde el lunes en el Registro Demográfico, y ordenó al gobierno a responder en cinco días, plazo que vencería el viernes.

No obstante, los legisladores de minoría decidieron recurrir al Supremo para solicitar la certificación, así como el interdicto para detener la Orden Ejecutiva, declararla inconstitucional, paralizar todo trámite comenzado a raíz de la misma, e impedir cualquier remedio para los trámites que se hayan iniciado.

Los representantes sostienen que la única manera de viabilizar el matrimonio igualitario es si el Supremo federal incorpora el derecho a la realidad jurídica local, el Congreso legisla respecto a los territorios, el Supremo de Puerto Rico incorpora el derecho, o la Asamblea Legislativa enmienda el Código Civil.

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