En San Juan resultó un fiasco. La administración del ex alcalde Jorge Santini lo usó para cobrar ilegalmente sobre $11.4 millones a residentes del Municipio, bajo el pretexto de conservación ambiental, y el caso está bajo investigación del Departamento de Justicia y la Oficina del Contralor porque el dinero no aparece. En el barrio de Piñones, en el pueblo de Loíza, un tasador aplicó la misma herramienta de planificación urbana para inflar el valor de terrenos de la familia Katz, proponente del proyecto hotelero Costa Serena. Por causa de esa movida el Gobierno se expone a pagar $32 millones en medio de la crisis económica, como parte del proceso de expropiación que se encuentra en los tribunales.

Ahora la táctica urbanista conocida como Programa de Transferencia de Derechos de Desarrollo (TDD) se extenderá ‘correctamente’ a todo Puerto Rico, para conservar patrimonio natural, histórico, arquitectónico y agrícola en propiedades privadas. Así lo aseguró al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) el presidente de la Junta de Planificación (JP), Luis García Pelatti. Se trata de uno de los componentes del nuevo Plan de Uso de Terrenos que la agencia gubernamental presentará próximamente.

La JP también lo empleará como parte de los planes de conservación del Corredor Ecológico del Noreste, entre Luquillo y Fajardo, y la Reserva Agrícola del Sur, entre Yauco y Patillas, que contiene parte de las mejores tierras cultivables de la Isla.

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