Tres proyectos para mejorar el sistema de justicia penal del país y evitar que personas inocentes sean convictas por testimonios falsos o pruebas no científicas fueron enviados hoy jueves a los presidentes de las dos cámaras legislativas del país.

Los borradores de proyecto fueron desarrollados porel Proyecto Inocencia de Puerto Rico (PIPR) de la Facultad de Derecho de la UniversidadInteramericana, la única institución en Puerto Rico vinculada a la gesta deTheInnocenceProjectde los Estados Unidos.

La iniciativa surgió luego de una minuciosa investigación, para asumir la defensa de Nelson Ortiz Álvarez, condenado a cárcel por el asesinato de Glorimar Pérez Santiago en 1994, y a quien el convicto exjuez Manuel Acevedo Hernández ‘le negó inexplicablemente una moción de nuevo juicio a pesar de toda la evidencia exculpatoria y las fallas crasas en cuanto a testimonios y evidencia’, señaló el licenciado JulioFontanet.

Los proyectos solicitan que se filmen o graben las confesiones de testigos, que haya más rigor en los procesos de identificación en la rueda de detenidos en el cuartel de la Policía para que sean más confiables y que se hagan más estrictas las reglas de evidencia en cuanto al testimonio de peritos. Esto último con el objetivo de descartar dudosas pruebas periciales (‘junk science’, como es el caso del difundido ‘shaken baby syndrome’) y de conseguir que las pruebas que se utilicen estén atemperadas a los más recientes descubrimientos científicos.

‘Todas estas propuestas tienen como objetivo’, subrayó Fontanet, ‘que la evidencia, sea cual sea —biológica, testimonios, etcétera —, sea lo más rigurosa posible y esté disponible a largo plazo para poder salvar de la cárcel a una persona que haya sido condenada injustamente’.

Fontanet explicó cómo al mismo FBI no le ha costado más remedio que confesar que durante décadas sus alegados peritos mintieron adrede en relación a la prueba de cabello; y cómo la prueba de ADN, disponible apenas desde finales de los ochenta, ha demostrado que convictos son inocentes y han permitido atrapar a los verdaderos culpables.

El director del PIPR aprovechó la ocasión para hacer alusión a la petición que, mediante carta, le hiciera llegar el 18 de junio, al Secretario de Justicia para que ordene que se realicen las pruebas de ADN y de balística para reabrir el caso de Nelson Ortiz Álvarez. Al mismo tiempo, otra carta fue enviada a la directora del Instituto de Ciencias Forenses, la doctoraEddaRodríguez Morales, para que provea un inventario de toda la evidencia biológica relacionada con el caso y que la misma sea preservada.

Los hallazgos más sobresalientes del PIPR para asumir el caso son contundentes:

– Prueba biológica (tejido y secreciones humanas en las uñas de la víctima) que, de permitirse la correspondiente comparación de ADN, podría exonerar totalmente a Ortiz Álvarez y a las otras personas convictas.

– Que esa misma prueba podría apuntar a dos personas que en los últimos años han sido vinculadas con la muerte de Glorimar Pérez: Rafael Baucage, y su pareja de aquel momento,Joan Rosario Vázquez.

– El testigo principal, Luis Monserrate Rivera, se retractó de su declaración inicial y declaró que fue presionado por el fiscal Andrés Rodríguez Elías para que ofreciera una versión falsa y que agentes de policía lo prepararon para declarar falsamente al Jurado.

– Que uno de los agentes, Ramón Pérez Crespo, se envió a sí mismo una corona de flores para simular que había sido amenazado de muerte por los acusados y así influenciar indebidamente el ánimo de los miembros del jurado.

– Que en el vehículo de la víctima se levantaron huellas dactilares, ninguna compatible con las de las personas acusadas.

La petición al Secretario de Justicia plantea que se atiendan las preocupaciones del PIPR ‘sin la necesidad de trámites judiciales que dilaten su esclarecimiento. Es tan sencillo’, expresa la comunicación de Fontanet, ‘como que usted imparta instrucciones de que se realicen las pruebas de ADN y de balística. Ortiz Álvarez está dispuesto a todas las pruebas que sean necesarias’.

Fontanet también recalcó que el PIPR tiene confianza en que el Secretario de Justicia atenderá la petición con celeridad: se le está dando un plazo razonable de 30 días. ‘Confío en que en nuestro país contamos con las estructuras gubernamentales y el recurso humano necesario para reparar cualquier error cometido. Sería lamentable otro incidente como el del caso de Jonathan Román (2008), en el que tuvieron que intervenir otras entidades ante la indolencia de los funcionarios del ELA.’

The Innocent Project Network, del cual en Puerto Rico la Facultad de Derecho de la UIA es parte, ha identificado desde su fundación en 1992 más de 300 casos de personas convictas injustamente, las cuales pudieron ser exoneradas gracias a la prueba de ADN.